PRESENTACIÓN
Este volumen incluye diversos ensayos y artículos publicados en la revista Estrategia, entre 1976 y 1982, que están actualmente agotados. Recoge, además, un nuevo trabajo del autor preparado especialmente para la presente recopilación.

Los materiales aquí reunidos, pese a haberse escrito a lo largo de varios años tienen bastante unidad y aun cierta continuidad. Y tanto por esta razón como por la importancia de las cuestiones que en ellos se examinan y por el creciente interés que despiertan entre los estudiosos de la ciencia social y en particular del desarrollo del capitalismo mexicano, la Editorial Nuestro Tiempo decidió recogerlos en este volumen.

A diferencia de otros estudiosos en los que las referencias al capitalismo en nuestro país suelen ser imprecisas y ambiguas, Aguilar Monteverde centra su análisis en las contradicciones propias de la presente etapa del proceso capitalista mexicano, al que considera un capitalismo monopolista de Estado, desde luego con modalidades y rasgos propios, que sin embargo no vuelven invigentes las leyes del desarrollo capitalista. Dentro de ese marco, el autor destaca el nuevo papel que corresponde al Estado en la reproducción del capital y en un sentido más profundo de las relaciones capitalistas de producción en su conjunto, y demuestra que la economía mexicana -que según algunos es "mixta"- nunca fue más capitalista que hoy, y que en tal virtud la burguesía no sólo ejerce el poder económico sino que detenta también el poder político, lo que sin embargo no autoriza a concebir al Estado como un mero instrumento pasivo al servicio de la clase dominante, en vez de verlo como una categoría propiamente histórica.

Creemos que este libro, independientemente de la significación de los problemas que en él se debaten, es de gran actualidad y ayuda no sólo a comprender la etapa que recorre el capitalismo mexicano sino el carácter de la actual crisis, vista no como un accidente o desequilibrio pasajero del sistema sino como signo histórico evidente de su descomposición y creciente inestabilidad.

Nuestro Tiempo espera que, por todo ello, la presente obra sea de interés para universitarios que trabajan sobre esos temas, y desde luego para quienes, desde posiciones teóricas avanzadas militan en el movimiento obrero y en la lucha política.
Editorial Nuestro Tiempo

[…]

CAPITAL MONOPOLISTA Y EMPRESAS ESTATALES
¿Son ineficientes las empresas estatales mexicanas?
Desde que se instaló el gobierno del presidente López Portillo se habla con frecuencia de la necesidad de reorganizar y mejorar el funcionamiento de las empresas del Estado. “No se puede negar —ha dicho el jefe del Ejecutivo— que muchas de ellas están mal administradas”. Varios de sus colaboradores han subrayado la importancia de la reforma administrativa, señalando que con ella se espera “racionalizar” el funcionamiento del gobierno y de las empresas paraestatales, e incluso algunos funcionarios han denunciado ciertas fallas y asegurado que la nueva organización acabará con el burocratismo y la ineficiencia. Por ahora, lo que se ha hecho es sustituir el deficiente y un tanto virtual sistema de control ejercido en los últimos años por la Secretaría del Patrimonio, por uno que reparte a los organismos y empresas en varios sectores o áreas cuya supervisión queda a cargo de otras tantas secretarías, entre las que sobresalen Hacienda y Crédito Público, Patrimonio y Fomento Industrial, Comercio, Agricultura y Recursos Hidráulicos, y Asentamientos Humanos y Obras Públicas.

Según la nueva Ley de la Administración Pública Federal y el Acuerdo del Ejecutivo que la complementa, lo que esencialmente se busca es mejorar los sistemas de elaboración, coordinación y supervisión de los programas, el uso de los recursos a su alcance y los gastos de los organismos y empresas estatales.

La intervención del Estado en la economía suscita, como se sabe, vivas polémicas. Para los liberales a ultranza, que sin compadecerse de la realidad repiten sus viejas y anacrónicas consignas, mientras menos intervenga el Estado en la Economía, mejor. El papel de éste es regular, auspiciar, cuando más coordinar y vigilar, no suplir a la empresa privada ni competir con ella. Para los empresarios más calculadores y oportunistas, el Estado debe o no intervenir en tanto su acción beneficie o perjudique al capital privado, y para sus defensores más entusiastas aquél debe incluso tomar las riendas del proceso económico, por ser el único órgano capaz de defender eficazmente los intereses de la Nación.

Algo semejante acontece cuando se intenta evaluar el papel de las empresas estatales, pues mientras algunos hacen tabla rasa de todas y piensan que unas andan mal y otras peor, no faltan los apologistas que demagógicamente pretenden que todo está bien, y para quienes aun los más sonoros fracasos son problemas menores y de fácil solución. Unas y otras actividades no dejan de ser un tanto declarativas. En la práctica las cosas son más complejas y las posiciones menos tajantes. Lo característico de una o varias empresas puede no ser representativo de las demás. Por ello y porque la significación del conjunto de las mismas es cada vez mayor, en vez de hacer juicios apresurados, conviene que empecemos por recordar algunos hechos

Significación de las empresas estatales
De acuerdo con cifras oficiales recientes, [1] los organismos y empresas de participación estatal son en México ya más de 800. Sus ingresos en 1976 se estiman en 210 mil millones de pesos, que, hechos los ajustes pertinentes a fin de evitar duplicaciones representan el 12.5% del producto interno bruto. Su aporte es del 100% en la producción de petróleo y en la petroquímica básica, 85% en la generación de electricidad; 77% en las comunicaciones y 35% en los transportes y la minería. Absorben cerca del 7.5% de la población económica activa —casi un millón de trabajadores y empleados— y concurren con 15% de los impuestos federales y una proporción sustancial de las importaciones. Sus compras, estimadas en 100 mil millones de pesos para 1976, nominalmente deben haberse elevado con motivo de la devaluación monetaria.

Por el monto de sus recursos, que a mediados del propio año de 76 se calculaban en 480 mil millones, las áreas más importantes son: energía eléctrica, con 71 753 millones al cierre de 1975 y más de 125 mil millones a la fecha; petróleo, con cerca de 66 250 (también en 75) ; comunicaciones y transportes, cuyos activos alcanzan alrededor de 66 mil; la industria de transformación que absorbe poco menos de 37 mil, el sistema de seguridad social que dispone de 35 500 y diversas actividades de fomento y regulación económica cuyos recursos ascienden a más de 25 mil millones. Las empresas agrícolas manejan unos 13 mil, las mineras poco más de 11 mil y las de comercio y servicios comerciales alrededor de 10 mil millones.

La información contable a la que se tiene acceso en México es casi siempre muy pobre. Aun tratándose de empresas supuestamente “públicas”, el manejo que los funcionarios hacen de la información es no sólo confidencial sino clandestino y secreto. En fecha reciente, tras reconocerse que las empresas estatales deben informar periódicamente al público se dieron a conocer algunos datos financieros, que aun siendo insuficientes no dejaban de tener interés. Pero cuando parecía iniciarse una nueva y sana práctica algún influyente ordenó suspender la información y dejar las cosas como antes.

En los últimos tres años para los que se dispone de algunos datos, los resultados de las principales fueron los siguientes:

¿Reflejan estas cifras la realidad? Es difícil saberlo. Dada la costumbre de llevar varias contabilidades y de querer impresionar gratamente a los superiores es probable que las utilidades sean menores y las pérdidas, en cambio, mayores que las señaladas. No dispongo de cifras respecto a 1976. Mas a juzgar por lo que expresan personas conocedoras hay base para pensar que las pérdidas hayan impuesto un nuevo récord, quizás cercano a los 20 mil millones de pesos. Aun las referencias aisladas comprueban que el déficit debe haber sido enorme. Se admite oficialmente que Productos Pesqueros Mexicanos perdió 300 millones. [2]

Se reconoce asimismo que el déficit de Aeronaves, Caminos y Puentes Federales, Ferrocarriles, el Fondo Nacional de Fomento Ejidal y el Banco de Crédito Rural aumentó grandemente. Tan sólo por lo que hace a Ferrocarriles Nacionales se habla de que fue de 2 800 millones. [3] Se comenta, además, que las pérdidas del Consorcio de Ciudad Sahagún —Dina― Carros de Ferrocarril ―Sidena― en sólo un año se dispararon de poco menos de 500 a cerca de 3 mil millones de pesos, y se estima que, con motivo principalmente de la devaluación, las deudas de la CFE alcanzan ya más de 100 mil millones de pesos y que el servicio de las mismas, solamente en el año en curso, reclamará casi 10 mil millones, lo que sin duda entraña una tremenda carga.

Si bien la eficiencia de una empresa no se mide únicamente al través de sus resultados financieros, éstos son, sin duda, un indicador muy importante. Y con independencia de qué los determine, una característica de las empresas estatales mexicanas parece ser la de que, con excepciones que confirman la regla, la mayoría pierde y en consecuencia cuestan mucho dinero a la nación.

¿Por qué operan mal muchas empresas?
Frecuentemente se afirma que tal es el costo inevitable de la función social que cumplen las empresas estatales; se señala también que el Estado es un mal administrador y que la causa fundamental es la corrupción y especialmente el que los altos funcionarios se enriquezcan a costa de las empresas que dirigen y se lleven a sus casas y a sus bancos, dentro y fuera del país, los fondos que aquéllas debieran hacer producir y multiplicar. Es indudable que algo hay de todo ello y que sólo ingenua o cínicamente podría defenderse la honradez “acrisolada” de tantos directores de empresas que han hecho grandes fortunas. Sin negar que ha habido y hay administradores honrados, seguramente son pocos los “honrados, honrados”. Pero, además, hay otros factores que no debieran menospreciarse.

Algunas empresas arrastran, desde que nacen, ciertas deformaciones. Se trata propiamente de vicios de origen. Su creación misma es circunstancial y aun arbitraria. No teniendo razón de ser ni perspectiva alguna de desarrollo surgen un buen día porque un influyente lo decide en forma caprichosa, sin reparar en su inviabilidad y en que sólo podrán vivir artificialmente, mediante continuas y costosas transfusiones.

Una segunda causa de dificultades que a veces sólo han podido superarse en años de esfuerzo consiste en que el Estado suele aceptar todo lo que le dejan los capitalistas sin reclamar el “beneficio de inventario” para saber qué es lo que “hereda”. Muchas empresas que fueron o son de participación estatal nacieron como negocios particulares que sus ineficientes —y en otro sentido hábiles— promotores o dueños, trasladaron al Estado para que éste las rehabilitara e impulsara. Tal fue el caso de Motores y Maquinaria Anáhuac, Atenquique y la Unión Forestal de Jalisco y Colima, Vidriera Guadalajara, Celulosa de Chihuahua, Cobre de México, Nacional Hotelera, Ayotla Textil, Nueva San Isidro, Diesel Nacional, Papel Tuxtepec, ACROS, Tubos de Acero, Aeronaves, el Ingenio de San Cristóbal e incluso Altos Hornos, empresas en cuya promoción participaron los señores Ruiz Galindo, Henriquez Guzmán, Anisz, Trouyet, Vallina, Pagliai, Blumenthal, Weiss, Balsa, De la Mora, Oriani, García, Macedo y Sacristán Colás.

En ocasiones el Estado se ha hecho cargo incluso de negocios que estaban en situación económica muy precaria, como ocurrió, por ejemplo, con el Consorcio Somex, en el que al sobrevenir la crisis que determinó la intervención del gobierno, operaciones por varios cientos de millones de pesos andaban —como ahora se diría— “flotando” no sobre garantías reales o valores fácilmente liquidables sino sobre papeles y firmas personales de escasa negociabilidad y solvencia.

Una tercera y también frecuente causa de tropiezos es la ausencia de estudios rigurosos al crearse las empresas, lo que a menudo implica fallas de localización, sobreestimación de los recursos explotables y “cuentas alegres” respecto a costos, resultados y volúmenes de demanda a satisfacer. Carros de Ferrocarril, se levantó en Irolo, Hidalgo —ahora Ciudad Sahagún— pese a que se trataba de un sitio despoblado, en el que, además de grandes magueyales, había problemas de abastecimiento de agua, energía eléctrica, mano de obra, vivienda, atención médica, educación y otros servicios, todo lo cual tenía que encarecer la instalación y puesta en marcha de la empresa. Guanos y Fertilizantes se creó en torno a la ilusión de que los mantos guaneros de la Baja California eran riquísimos, sin repararse en que se habían acumulado a lo largo de muchos años y en que su crecimiento era muy lento. Toyoda —después convertida en Sidena— se proyectó para fabricar tres o cuatro veces más telares de los que la industria textil podía absorber anualmente, y sin saberse siquiera si los empresarios aceptarían sustituir los equipos principalmente ingleses y norteamericanos en uso, por los japoneses. Las Truchas se montó donde está, en parte pensando en compensar la desventaja de la lejanía de las fuentes de carbón con su bajo precio, el que sin embargo se cuadruplicó en muy poco tiempo.

Con frecuencia se promueven actividades que aun teniendo plena justificación resultan incosteables porque no se coordinan y hacen depender de empresas ya en operación que podrían realizarlas en mejores condiciones, o se desenvuelven linealmente, incluso en competencia con otras empresas estatales, en vez de hacerlo sobre bases de mutuo apoyo y cooperación. La siderúrgica de Las Truchas, cuya primera etapa ha costado ya más de 12 mil millones de pesos —o sea más del doble de lo previsto— pudo acaso haberse realizado a menor costo y con mayor rapidez como parte del esfuerzo de ampliación de Altos Hornos. Los Ferrocarriles por su parte, más de una vez habrían contribuido a una mejor integración de la industria e incluso derivado ventajas para sí mismos, de haber apoyado a la Constructora de Carros en vez de hacer importaciones innecesarias de equipo.

La inflación, por si sola, afecta grandemente a las empresas del Estado al traducirse en una situación en que los costos suben más de prisa que los precios y, por ende, que los ingresos. Tal desajuste tiende a cubrirse con créditos, en buena parte del exterior, y cuando, como ahora ha ocurrido, se produce una devaluación, los pasivos en moneda extranjera aumentan en unas cuantas semanas entre 60% y 90%, lo que provoca fuertes desequilibrios financieros. Aun tratándose de deudas en moneda nacional, sobre todo cuando las presiones inflacionarias no pueden compensarse con altos precios de venta, la situación de ciertas empresas se deteriora y vuelve muy difícil. En días pasados, el director de Cordemex declaraba que ésta “[...] no puede soportar el pago de intereses con importe anual de 300 millones de pesos, causados por los financiamientos que fue necesario obtener para evitar la quiebra [...]”. [4]

La sola política de precios y tarifas ha sido causa de graves desajustes, pues so pretexto de que aquéllas no persiguen fines de lucro a menudo se les hace operar deficitariamente o con muy bajas tasas de rendimiento. Al respecto son bien conocidas las experiencias de Pemex, sobre todo hasta principios de los años setenta, de la CFE también durante mucho tiempo y de los Ferrocarriles, desde siempre. Pero sobre este tema volveremos más adelante.

Y un hecho, éste propiamente político, que también influye desfavorablemente en la suerte de las empresas es la ausencia de una vida democrática genuina en la que, al través de ciertos órganos, pudiera supervisarse el funcionamiento de aquéllas en busca del mejor uso de sus recursos. Lo cierto es que en México tal control no lo ejerce el Ejecutivo y menos aún los otros poderes federales; y como no hay participación real del pueblo en la vida política tampoco lo ejercen los partidos, la prensa o la opinión pública. Sin duda, ello contribuye a que aun empresas que operan crónicamente mal y cuya liquidación sería el mejor desenlace para todos, a la inversa de la famosa divisa de Melchor Ocampo, se doblan una y otra vez pero nunca [se] quiebran.

Mala administración y corrupción
Lo anterior no significa que las vicisitudes de las empresas del Estado no obedezcan, directamente también, a la forma en que son administradas. En general su organización y funcionamiento adolecen de múltiples fallas. Recordemos algunas de las más graves:

Los directores son a menudo personas sin experiencia como empresarios y que desconocen las actividades que aceptan dirigir. Se da el caso de que personas que han destacado en ciertos campos, en vez de retenérselos en ellos —o utilizárseles en otros afines para aprovechar su experiencia—, se les retira y lleva a actividades en que nunca han trabajado. Sucede esto con tal frecuencia que podría decirse que parece ser la regla. En la actual administración, políticos profesionales como Cervantes del Río, Muñoz Ledo, Olivares Santana y David Gustavo Gutiérrez, que respectivamente tenían a su cargo la Secretaría de la Presidencia, el PRI, un alto puesto en el Congreso y la cnop, pasaron respectivamente a dirigir la CFE, Educación, el Banco de Obras y Servicios Públicos y Guanos y Fertilizantes. Y el ingeniero Martínez Corbalá, que pese a no ser diplomático de carrera hizo un digno papel como embajador en Chile, al regresar a México fue inexplicablemente convertido en un mediocre administrador del Consorcio de Ciudad Sahagún.

A veces los directores de las empresas son “degradados”, y después de haber sido secretarios de Estado o muy altos funcionarios se les comisiona en alguna tarea en la que se sienten incómodos y de paso, mientras consiguen un mejor puesto. Bajo el actual gobierno tres exsecretarios: Beteta, Campillo Sáenz y Alejo —de Hacienda, Industria y Comercio y Patrimonio—, pasaron, respectivamente —y lo más probable es que sin mayor entusiasmo— a ocuparse de la dirección de Somex, Infonavit y el Consorcio de Ciudad Sahagún.

Otra falla administrativa consiste en que, generalmente, los directores no llegan solos a sus puestos, y en vez de respetar a funcionarios competentes que llevan años en sus cargos, los sustituyen por parientes, amigos y ayudantes que forman parte de la troupe que suele rodear a cada nuevo funcionario. Ni qué decir que el adiestramiento de tales equipos es muy oneroso para el país.

Muchas empresas estatales carecen de cuerpos directivos de alto nivel. Y si bien los Consejos de Administración son órganos vistosos, sus miembros son a menudo prominentes funcionarios que se reparten en múltiples tareas y que no siguen ni podrían seguir de cerca la marcha de las empresas. De ordinario se limitan a recibir una moneda de oro {centenario) por la asistencia a la junta y a aprobar pasiva y convencionalmente los informes de los directores, sin que los Consejos de que forman parte actúen como cuerpos colegiados capaces de corregir oportunamente más graves fallas.

Los defectos y errores no terminan ahí. La desfavorable relación gastos-ingresos propios resulta en buena parte de una combinación de altos costos y baja productividad en la que influyen especialmente hechos como los que siguen:

―Abundan las empresas sobrecargadas de personal, sobre todo administrativo, o lo que es casi lo mismo; improductivo. La CFE, Ferrocarriles, Pemex, Aeronaves, ida y el Consorcio de Ciudad Sahagún podrían ser buenos ejemplos de ello; [5]
—Las nóminas de sueldos, además de incluir muchas plazas innecesarias son con frecuencia excesivas, especialmente por lo que hace a funcionarios altos e intermedios;
—Algunas construcciones e instalaciones son demasiado caras y aun lujosas. Las oficinas de muchos funcionarios, comparadas incluso con las de los grandes países industriales, son elegantes y su funcionamiento sumamente caro;
—El equipo disponible excede con frecuencia a las necesidades y por tanto a la capacidad real de aprovechamiento del mismo. En numerosas oficinas es común que sobren calculadoras, fotocopiadoras, máquinas de escribir y aun costosos equipos de computación electrónica. En las fábricas mismas, la maquinaria y equipo suelen subutilizarse en una alta proporción, lo que también ocurre con los medios de transporte y, en particular, con los automóviles al servicio de los altos funcionarios;
—Casi todas las empresas estatales padecen, en mayor o menor grado, burocracia, esto es: impuntualidad, rutina, retraso en la iniciación de labores, interrupciones injustificadas, papeleo, trámites lentos, falta de atención al público, frecuentes agasajos y celebraciones que acortan las jornadas, incumplimiento de programas y calendarios, y lapsos en que ciertos empleados y funcionarios bien retribuidos permanecen prácticamente ociosos por falta de dirección y de supervisión;
—La organización contable es también defectuosa: faltan auditorías externas y los estados financieros se elaboran a veces con retraso y no corresponden a la realidad sobre todo en lo que concierne a costos y resultados, lo que naturalmente dificulta el control de instalaciones y equipos, existencias, personal, presupuestos, producción e ingresos;
—Falta una política financiera de conjunto. La insuficiencia del capital propio y de los ingresos de operación se expresa y resulta de desajustes cuya, a veces meramente virtual corrección, reclama cuantiosos recursos externos. En parte éstos consisten en créditos otorgados o gestionados por bancos del gobierno, los que suelen ser excesivos y de difícil y aun imposible recuperación. Con frecuencia, también, ante la incapacidad de las empresas para responder a sus compromisos financieros, el Estado las apoya, subsidia y aun opta por la complaciente y funesta política de “borrón y cuenta nueva”. Durante muchos años tal ha sido la práctica respecto a los bancos agrícolas oficiales, los que pese a sus múltiples reorganizaciones no han llegado a operar con eficiencia. Se señala, por ejemplo, que el Banco de Crédito Rural apenas recupera poco más de la mitad de cada peso que presta, que sus gastos son enormes y que, en 1976, requirió un subsidio de cerca de 3 mil millones de pesos;
—La política comercial no es mejor. A veces ni siquiera existe pues los directores de las empresas se vuelven tan “buenos perdedores” que ya no les importan los resultados ni tampoco, en consecuencia, mejorar la calidad de lo que producen, promover las ventas, consolidar y ampliar su clientela y superar a sus competidores. La extendida idea de que el Estado no debe competir con la empresa privada contribuye a que la política comercial sea especialmente floja, rutinaria e ineficaz;
—Tanto la selección de métodos de producción como en general el costo, de la tecnología son frecuentemente inadecuados y demasiado onerosos, en parte porque se carece de estudios previos, porque el peso de la dependencia tecnológica es muy grande y porque las opciones suelen responder a la conveniencia de los propios funcionarios y no de los procesos o empresas de que se trate. Lo que revela que al margen de fallas propiamente técnicas y administrativas, la corrupción, dentro y fuera del Estado, juega también un papel fundamental, y que corno decía desde hace años Narciso Bassols, de ser en otros tiempos un asunto moral, se ha vuelto en México un grave problema económico y político.

En los días en que se escribe este artículo la prensa ha informado sobre malos manejos en el Instituto Mexicano del Café, y el director del IMSS ha denunciado la comisión de cuantiosos fraudes en las adquisiciones de medicinas por parte de dicha institución. El fenómeno es en verdad complejo y sus técnicas suelen ser ingeniosas y sofisticadas. Pero aun a riesgo de hacer una referencia simplista, debiera al menos mencionarse lo que sigue:

—Las empresas estatales son, como se sabe, grandes compradores. En 1976 se estimó que Pemex haría adquisiciones por 16 510 millones de pesos, la Conasupo por 12 180, la CFE por 11 095, Las Truchas por más de 10 mil y Altos Hornos y el IMSS por cerca de 4 mil millones cada uno. Pues bien, una vieja manera en que suelen enriquecerse los funcionarios de las empresas estatales es cobrando una comisión por las compras que hacen. Generalmente es el 10%, pero en ciertas operaciones puede llegar al 12% y aun el 15%. Lo raro es que no esté presente; [7]
—Otra fuente de lucro es cobrar por la adjudicación de ciertos contratos de construcción de obras o prestación de servicios, y aun por vender plazas. Otras más sobrecargar los precios de venta, especialmente cuando hay escasez o se pide con urgencia una mercancía o un servicio, y otra —en tratándose de instituciones de crédito—, el que por encima de los intereses y gastos normales se cobre una especie de prima por conceder un préstamo;
—Un segundo capítulo lo forman ciertos actos delictivos que generalmente van del cohecho al abuso de confianza, el robo y el fraude. Consisten éstos en “comprar” a algún funcionario público, o en sustraer ilegalmente mercancías de la empresa, en dar por recibidas o entregadas cantidades superiores a las reales, en destinar dinero u otros bienes a fines distintos a los autorizados, etcétera; [8]
—La corrupción también se exhibe en la laxitud con que se gasta el dinero, a veces obteniendo de ello beneficios personales. Tal podría decirse de la práctica de hacer viajes costosos e innecesarios incluso al extranjero, de no comprobar rigurosamente los gastos y aun no reembolsar el remanente, de hacerse acompañar por la esposa u otras personas ajenas a la comisión que se desempeña, o de la costumbre de asignar automóvil y chofer a la familia, cargando los gastos a la empresa, de usar tarjetas de crédito sin medida ni justificación, consumir vinos y licores importados, dar “gratificaciones” a periodistas y funcionarios, rodearse de “guardaespaldas” y hacer gravitar sobre la empresa hasta los sueldos de la servidumbre doméstica y, llegado el caso incluso, por qué no, los gastos de la boda de una de las hijas del “señor director”;
—El que algunos “modestos” funcionarios reciban ingresos increíbles, de 30 a 40 mil pesos, y los más altos incluso de 50, 60, 80 y aun 100 mil pesos mensuales, en un país en el que hay numerosos obreros calificados que no obtienen más de 5 a 7 mil, millones de trabajadores que no ganan siquiera el salario mínimo de 3 mil, y aun muchos que ni siquiera reciben 1 500 a 2 mil, es no sólo un signo de explotación sino de corrupción. Y a los gajes y sueldos privilegiados —sobre los que a veces no pagan impuestos— los funcionarios suelen agregar jugosas gratificaciones de cuatro, cinco y aun seis meses de sueldo, pese a que los trabajadores sólo tienen derecho a una quincena de aguinaldo. Pero tales son las extrañas y duras reglas del “desarrollo compartido” y la “alianza para la producción”;
—Y al último, aunque en la práctica suele ser lo principal, vienen los negocios lícitos e ilícitos, los permitidos y los prohibidos hechos directamente o al través de parientes y prestanombres: la especulación con terrenos que en poco tiempo multiplican su valor, la creación de empresas privadas que dependen o tienen relación con la que se dirige, y desde luego el hacer los negocios más diversos. [9]

Es grave que algunas empresas pierdan cada año millones de pesos. El que unas ganen y otras pierdan dinero no es, empero, lo esencial. Una empresa que opera con números rojos puede no ser ineficiente así como una que reporta ganancias puede estar mal administrada y no cumplir con su misión. Para evaluar con objetividad su papel es menester examinarlas en conjunto y tener presente que no operan en el vacío sino en relación estrecha y aun formando orgánicamente parte del Estado, en un régimen capitalista que recorre ya la fase del capitalismo monopolista de Estado.

Pero antes de llevar nuestro análisis a otros planos conviene dejar claro que, en general, aun las empresas estatales que obtienen utilidades operan con baja rentabilidad En 1975, por ejemplo, estos fueron los resultados de algunas de ellas:

El lector observará que rara vez las utilidades superan el 10% del capital contable. Y de referirlas a las ventas y, con mayor razón al activo total, serían incluso más pequeñas. El que Pemex en pleno auge del petróleo sólo aporte una utilidad del 1%, es muy significativo. Y aun los grandes bancos del Estado tienen bajas tasas de rentabilidad. A junio de 1976, sus ganancias se estimaban en cerca de 444.2 millones de pesos, con recursos propios que excedían de 12 mil millones y un activo total de 228 mil millones de pesos. Si, en una tosca comprobación tomáramos conservadoramente como tasas de utilidad bajas, medias y altas de las empresas privadas en México, digamos menos de 16%, entre 17% y 25% y superiores a esta cifra, respectivamente, apreciaríamos con mayor claridad las precarias condiciones financieras de las empresas estatales.

A menudo, como ya vimos, tales resultados se atribuyen a que dichas empresas no operan con fines de lucro y a que cumplen una función social que las obliga a vender a precios bajos. Mas lo cierto es que ni éstos benefician a la mayoría del pueblo ni la mala administración y la corrupción reinantes son las mejores formas de asegurar el bienestar de la sociedad. Debe haber otros hechos que nos ayuden a comprender mejor lo que ocurre.

Función y razón de ser de las empresas estatales
Aun bajo el capitalismo premonopolista, el Estado interviene de un modo u otro en la economía. En México, concretamente, ya en el porfiriato se advierten formas de participación que muestran que la capacidad de la empresa privada sería aquí muy inferior a la que en Holanda o Inglaterra logra el capitalismo clásico. Pero la Caja de Préstamos de Limantour era algo muy distinto a Pemex, a la Nacional Financiera u otras empresas estatales de hoy.

Después de la Revolución, al amparo de lo que incluso jurídicamente se convierte en un capitalismo de Estado, éste interviene en el proceso económico social. Su radio de acción se amplía grandemente en los años treinta y durante la Segunda Guerra Mundial : y de entonces a la fecha, primero con motivo del impulso a la industrialización y ya en los años setenta al calor de la crisis económica, el Estado se convierte en factor de primer orden en el proceso de acumulación y desarrollo.

¿A qué obedece su creciente participación? Fundamentalmente a la propia dinámica del capitalismo y en particular del capital monopolista. Aun una modesta industrialización requiere una costosa y moderna infraestructura: comunicaciones telegráficas y telefónicas, caminos y puertos, transporte marítimo y aéreo, ferrocarriles, obras hidráulicas, energéticos baratos, escuelas, servicios de salud. En otros tiempos y con base en otras técnicas, los países más ricos construyeron esa infraestructura como un negocio de las grandes empresas. En México no hubo en general capitalistas privados capaces de hacerlo, por lo que el Estado tuvo que tomarlas en gran parte bajo su responsabilidad.

A menudo no se comprende que sin tal intervención, que en el último medio siglo representa entre el 30% y el 45% de la acumulación bruta de capital, habría sido imposible el desarrollo capitalista logrado en ese lapso. Sin ese aporte, que el gobierno y sus empresas canalizaron en parte hacia actividades fundamentales que no eran sin embargo comercialmente atractivas, habría sido imposible alcanzar las tasas de crecimiento económico, los volúmenes de demanda, las exportaciones, la expansión del mercado interno y, en consecuencia, aun la insuficiente inversión privada nacional y extranjera que, gracias a todo ello, fue posible movilizar. De haberse propuesto el Estado recuperar sus inversiones y ampliado sus recursos, es obvio que los precios de los bienes y servicios habrían tenido que ser mucho más altos y que las tasas de ganancia de los empresarios y en especial del capital monopolista privado habrían sido, a su vez, mucho menores, y que en tal virtud habría faltado el estímulo que el lucro representa para los capitalistas.

En otras palabras: bajo el capitalismo monopolista de Estado se socializan como nunca antes las fuerzas productivas, y aun las grandes sociedades anónimas privadas resultan inadecuadas para hacer las enormes y a menudo riesgosas inversiones que la nueva tecnología reclama. Merced a la acción de una ley económica, el capital se concentra y centraliza crecientemente y la cada vez mayor productividad del trabajo —más capital y mayor producción por trabajador— se expresa en altas composiciones técnicas y orgánicas de capital que a su vez determinan la tendencia descendente de la tasa de ganancia. Aun en periodos de ascenso de la actividad económica dicha tendencia está presente, pero bajo la crisis se agudiza notablemente. Y cuando la ganancia desaparece o cae por debajo de cierto nivel, desaparece también la razón para invertir y se debilita y aun interrumpe el proceso de acumulación, hasta que, por una u otra vía que habitualmente entraña una mayor explotación de los trabajadores, se restablece el orden de cosas que el capitalista considera indispensable para que la producción cobre impulso de nuevo.

La tendencia al descenso de la tasa de ganancia y, por tanto, las crisis económicas son pues inherentes al proceso capitalista; se gestan en las fases de auge y de mayor crecimiento de las fuerzas productivas. Pero como la expansión de éstas es condicionada y aun frenada por el capitalismo monopolista —lo que tiende a agudizar la contradicción fundamental del sistema—, el Estado, al través de los más diversos mecanismos y concretamente de una vasta red de empresas contribuye a suavizar o contrarrestar esa y otras contradicciones librando transitoriamente al proceso de acumulación de algunas de las trabas que le imponen el móvil de lucro y la propiedad monopolista de los medios de producción.

Es falso, en tal virtud, que a las empresas estatales no importe la ganancia. Lo que en todo caso no les interesa es la ganancia propia, pero sí, desde luego, la que con base en ellas obtiene especialmente el capital monopolista privado.

El que algunas empresas operen con pérdidas y contribuyan en una u otra forma a desvalorizar parte del capital disponible, y en general, sobre todo, el que sus tasas de ganancia sean inferiores a la media en el sistema, ayuda sin duda a elevar los rendimientos de la empresa privada y, por consiguiente, a valorizar el capital y compensar la tendencia a la caída de la tasa de ganancia.

Y no son solamente los bajos precios de ciertos bienes y servicios el medio al través del cual se logra lo anterior, ni el elevar la tasa de ganancia, sobre todo del capital monopolista, lo que mueve a las empresas estatales. El que, como ocurrió en años recientes, el Estado participe con cerca de la mitad de la inversión total y sólo obtenga el 20% del producto interno bruto, o sea el que su ingreso por unidad de inversión apenas alcance alrededor de la 1/4 parte del de la empresa privada es ya revelador del papel que juega en el proceso de acumulación y, por tanto, de reproducción de las relaciones capitalistas. Es tan importante este papel que sin el Estado y sus empresas el sistema, concretamente en México, no podría preservarse ni crecer.

Veamos esta cuestión más de cerca. Con independencia de la escala en que las empresas estatales contribuyan directa e indirectamente a elevar la tasa de explotación de los trabajadores, sobre todo en la empresa privada, su significación en el proceso de desarrollo es mucho más vasta, entre otras, por las razones siguientes:

—Dichas empresas, en primer lugar, explotan grandes masas de trabajadores productivos, es decir, extraen plusvalía y por tanto generan un excedente susceptible de convertirse en capital;
—Cuando venden a bajos precios, y concretamente cuando lo hacen con pérdidas reales, no valorizan su capital y por tanto trasladan parte de la plusvalía producida por sus trabajadores a las grandes empresas privadas:
—Independientemente del nivel de precios a que vendan, el sólo hecho de que provean el sistema de ciertos bienes y servicios básicos tiene una gran significación para el desarrollo del capitalismo;
—Sus cuantiosos gastos y la liberalidad con que suelen hacer sus compras —a menudo sin sujetarlas a concursos reales—, así como el monto de sus inversiones, estimulan y amplían el volumen de la demanda global, y concretamente el mercado en las grandes empresas;
—Influyen en la concentración y centralización del capital tanto en el campo en que operan como en el resto de la economía; así como la elevación del grado de monopolio;
—Introducen técnicas de alta intensidad de capital que elevan la productividad, la explotación y la plusvalía relativa, y acentúan la desigualdad del desarrollo;
—Si bien reciben subsidios, en gran parte éstos se cubren con los impuestos que pagan, los que a su vez, en un sistema fiscal regresivo como el existente, proceden en una alta proporción de los propios trabajadores y empleados;
—Participan activamente en el comercio exterior y sobre todo en la importación de bienes de capital, materias primas, tecnología y recursos financieros extranjeros, todo lo cual incide a la postre en la acentuación de la dependencia estructural;
—Se asocian con frecuencia en posición subordinada al capital monopolista internacional, el que de ese modo y ejerciendo legalmente o de facto el control, obtiene del Estado un mayor apoyo;
—Se encargan de instruir y adiestrar a millares de trabajadores manuales, técnicos e intelectuales casi sin costo alguno para los empresarios privados que utilizan esa fuerza de trabajo;
—Se responsabilizan de gran parte del gasto que implica el conocimiento y la explotación de los recursos naturales, así como de la investigación científica y tecnológica en múltiples campos;
—Se convierten en receptores de “chatarra” o fierros viejos procedentes de empresas privadas mal manejadas y aun al borde del fracaso;
—Aun cuando ello implique graves fallas de integración y deformaciones estructurales, casi nunca compiten con la empresa privada;
—Refuerzan al Poder Ejecutivo frente a los otros poderes, aunque al propio tiempo influyen en los desequilibrios financieros y en el endeudamiento externo del gobierno;
—Coadyuvan al fortalecimiento de la oligarquía financiera y a estrechar sus relaciones con el Estado;
—Convierten a millares de funcionarios y técnicos de alto nivel en burgueses, estimulan el crecimiento de las llamadas “capas medias” y, sobre todo, hacen crecer al proletariado, modificando así la estructura social y creando un clima propicio para la intensificación de la lucha de clases;
—Contribuyen de muchas otras maneras, incluso al través de la mala administración y de la corrupción, a mantener el alto nivel del gasto, improductivo que en su fase actual requiere el capitalismo para realizar la producción e incluso para sobrevivir.

Las empresas estatales no son pues, estrictamente hablando, empresas “públicas”, no capitalistas. Tal caracterización es superficial y apologética. Si bien algunas han surgido en respuesta a viejas demandas nacionales y populares, a quien fundamentalmente sirven no es al pueblo sino a la clase dominante, en el fondo porque, pese a sus variadas formas jurídicas, al igual que el Estado al que pertenecen son capitalistas. La tesis según la cual tales empresas constituyen el sector “público” de nuestra economía “mixta” es un hábil recurso verbal para confundir a los trabajadores y hacerles creer que en tal “sector” no existe la explotación sino el estricto respeto a la ley y la armonía propia de una “democracia social”. Las empresas estatales no representan los intereses generales de la sociedad sino los intereses generales de la clase dominante, o sea de la burguesía, y a menudo, sobre todo, el interés particular de la fracción hegemónica, es decir del capital monopolista.

Notas:

[1] Véase: Temática Económica, Política y Social. México, julio-agosto de 1976, p. 63.

[2] Declaración del Jefe del Departamento de Pesca. Excélsior, 18 de enero de 1977.

[3] Excélsior, 15 de febrero de 1977.

[4] El Sol de México, 19 de febrero de 1977.

[5] Aun una empresa no muy grande como el Fondo de Cultura Económica cuenta con más de 600 empleados, o sea probablemente cuatro o cinco veces más personal del que requeriría una empresa privada comparable.

[6] Expansión. México, septiembre 10 de 1976, p. 9.

[7] En un reciente e interesante libro, Víctor Manuel Villaseñor, durante muchos años Director General de las empresas que hoy integran el Consorcio de Ciudad Sahagún, señala que una de las formas más socorridas para el cobro de tales comisiones es la creación de empresas de membrete que actúan como intermedias, con el solo fin de abultar las facturas y obtener así ganancias ilegales. Y es bien sabido —dice al respecto— que, lamentable mente , en materia de adquisiciones por parte de entidades gubernamentales, los beneficios ilícitos que frecuentemente se derivan de las compras constituyen un elemento decisivo en cuanto a toma de decisiones. Memorias de un hombre de izquierda. Editorial Grijalbo, México, 1976, tomo II, pp. 219 y 220.

[8] A propósito de los Ferrocarriles Nacionales, en la antes citada obra de Villaseñor éste, que también fue Director de dicha empresa, escribe: “Procedí, en el primer año de mi administración, a ordenar que se efectuase ese inventario físico, comparando las existencias o faltantes con los registros correspondientes [...]” “El resultado arrojó faltantes por ciento diez millones de pesos, lo que pone de manifiesto la carencia de un eficaz control en los almacenes [. . ob. cit., p. 402.-

[9] Son muchos los funcionarios que, antes o después de haber dirigido algún organismo estatal, se convirtieron en empresarios. Podría mencionarse a los hermanos Parra Hernández, Ortiz Garza, Peralta, Díaz Lombardo. Dávila, Clark Flores y otros, así como —entre los que se establecieron en campos afines a los de las empresas estatales que dirigieron—, a Aarón Sáenz, en la industria azucarera; Gutiérrez Roldán en la petroquímica, Hank González en empresas de transportes y distribución, Díaz Serrano en negocios conectados a Pemex y Harold H. Pape, exgerente general de Altos Hornos durante muchos años, y quien creó o se asoció a ocho o diez empresas privadas como Inmobiliaria Monclova, al parecer en sociedad con Salvador Benavides y otros funcionarios de AHMSA, Fundición Monclova, Construcciones Mecánicas Monclova, Productos Químicos Monclova, Química del Mar, Torres Mexicanas, Bliss and Laughlin Latinoamericana y Productos Industriales (PISA), a la que según se dice el propio interesado solía hacer referencias como “Pape y sus amigos”.

EL ESTADO Y LA BURGUESÍA*
La izquierda y los sectores más conscientes del movimiento obrero mexicanos han avanzado, en los últimos años, en el intento de conocer a fondo la realidad socioeconómica y política del país como condición para llevar adelante con éxito la lucha revolucionaria. Problemas complejos, en torno a los cuales hasta hace poco no se trabajaba sistemáticamente, empiezan a ser objeto de creciente atención y estudio; posiciones burguesas convencionales y explicables, pero engañosas ilusiones pequeñoburguesas que recientemente se aceptaban como “nacionalistas” y “progresistas’, se impugnan hoy sobre todo por los jóvenes y por un número cada vez mayor de trabajadores. Lo que antes tendía a verse como un mero aspecto y aun a explicarse a partir de una Revolución Mexicana cuya supuesta vigencia nadie debía poner en duda, se sitúa hoy en el marco histórico del desarrollo capitalista nacional e internacional. Concretamente, se comprende mejor lo que es el capitalismo mexicano así como los principales cambios que afectan la estructura social y la lucha de clases. Y a la imagen reformista y parcial de un imperialismo que a menudo se identificaba con una política extranjera perjudicial o que en todo caso era siempre una variable externa, empieza a oponerse una concepción diferente, más objetiva y rigurosa, que ve en el imperialismo una etapa superior más compleja del desarrollo del capital y un nuevo sistema de dominación de los países capitalistas por un puñado de grandes potencias. Incluso comienza a repararse en la fase que hoy recorre el capitalismo mexicano. Conceptos y esquemas insuficientes y ambiguos se sustituyen por un conocimiento de la realidad que permita descubrir sus principales contradicciones y contribuya, en la práctica, a hacer avanzar la lucha por el poder.

No obstante, entre las muchas cuestiones que quedan todavía por deslindar, acaso ninguna tenga la importancia del problema del Estado, pues si bien cada día se escribe más y casi no hay artículo, ensayo o informe político en los que no se aluda a él, lo cierto es que prevalece la explicación burguesa según la cual el Estado es la expresión de los mejores intereses nacionales y un mecanismo neutral de coordinación y regulación que fundamentalmente busca conciliar y armonizar los diversos intereses que se expresan en la comunidad.

Según el Plan de Gobierno elaborado por el PRI para el sexenio 1976-82.

La Constitución mexicana incorpora las ideas del Estado de derecho y las subordina a los principios de la democracia social, originando el concepto del Estado social de derecho [...].
El Partido sostiene que la libertad social únicamente puede alcanzarse en el pleno ejercicio de nuestra democracia política, económica y social.
[...] sostiene en síntesis que las libertades de México han sido posibles y lo seguirán siendo, en la medida en que el poder, la riqueza, la cultura y la información, sean patrimonio de todos los mexicanos. [1]

Claramente se advierte el alcance de tal concepción: el poder político, según el PRI, se ejerce en México conforme a un estricto orden jurídico que tiene en su centro a la Constitución. Gobierno y autoridades se subordinan a lo que la ley establece. Todavía más: la democracia propia del régimen mexicano no se circunscribe a la democracia tradicional: es una “democracia social”, que entre otras cosas hizo posible “[...] la reforma agraria, las políticas en favor de la clase trabajadora y el desarrollo del país por el camino del nacionalismo revolucionario [...]” [2] La democracia social es una democracia global, integral, que se sustenta en el principio e incluso en la práctica misma de que, como dice el programa del partido oficial, . .] el poder, la riqueza, la cultura y la información, sean patrimonio de todos los mexicanos [...]”.

¿Qué hace esto posible? La preservación —se dice— de las libertades, que a su vez depende del buen funcionamiento del sistema político, económico y social imperante. El primero asegura la división de poderes, las garantías individuales, el sufragio efectivo y la no reelección, el control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, el diálogo público y la disidencia. El sistema económico supone la organización “mixta” de la economía, las empresas paraestatales, la intervención del Estado y el cumplimiento de su función redistributiva, garantías indispensables para impedir los efectos socialmente perjudiciales de la acumulación de capital. El sistema social salvaguarda los derechos de las mayorías y permite la continua expansión de los servicios sociales del Estado.

Según la doctrina oficial, el PRI “[...] como partido de alianza democrática de las clases populares es el partido gobernante”, el partido, además, que lucha “por el advenimiento de una nueva sociedad”. Lo que “[...] quiere decir, y es importantísimo, que en México las fuerzas partidarias de la nueva sociedad tienen en sus manos el poder político y con ello órganos e instrumentos no absolutos, pero sí decisivos, del poder en la República”. [3]

Bajo la “democracia social” no sólo importa respetar los derechos individuales. En ella “[...] el Estado es responsable, hasta el límite de sus posibilidades, de realizar un esfuerzo de justicia social [...]”, pues dicha democracia “constituye un camino propio para conjugar los intereses individuales y colectivos en base a la solidaridad social y dentro de un ámbito de libertad [...]”

El Estado es el “rector del desarrollo”, lo que entraña responsabilidades necesarias para

[...] evitar que el [...] gobierno [...] se deforme y vicie hasta traducirse en un simple interés de clase, de la clase dominante. México es un Estado Nacional y su gobierno, por ende, no es un gobierno clasista. Se gobierna para todos los habitantes [...] con claro respeto a los derechos de las minorías [...] El rumbo y los objetivos los marca el interés público, las grandes capas de la población. Ningún interés parcial de grupo o de clase puede prevalecer sobre el de la nación en su conjunto. [4]

Aquí, en forma aún más clara y explícita, se reitera el argumento central de la concepción burguesa del Estado: ni éste ni el gobierno tiene un contenido de clase específico, y mucho menos burgués. Se gobierna por todos y para todos, concepción de la que por cierto no difieren los grupos empresariales privados. Por ejemplo, Francisco A. Casasús escribe:

[...] percibimos [al Estado] como al ente global compuesto por gobernantes y gobernados, localizados en un territorio con finalidad de conseguir ordenadamente el bien de todos, que es el bien común, mediante el derecho y la soberanía [...] [5]

Podríamos multiplicar las citas que demuestran que, en general, los empresarios privados aceptan la tesis de la “economía mixta”, del “Estado de derecho”, del “desarrollo compartido”, de la “conjugación de intereses individuales y colectivos”, de la “alianza para la producción”, y, en suma, la teoría oficial del Estado, aunque naturalmente, quisieran que la acción estatal se limitara a aquellas actividades y mecanismos que más contribuyen a favorecer al capital. Para los fines de este artículo, empero, acaso sea suficiente lo antes dicho para dejar claro que, según las diversas variantes de la posición a que nos referimos, la burguesía no ejerce en México el poder político ni juega un papel dirigente en el aparato del Estado. En todo caso ejerce el poder económico, aunque muchos dirían que aun éste se reparte entre la empresa privada (que comprende centenares de miles de unidades de diversa magnitud) y un Estado que interviene cada vez más en la economía y se sustenta en bases sociales muy amplias. Aun admitiendo que la burguesía es la clase económicamente dominante, a menudo se expresa que, por razones históricas, no es en México la que ejerce realmente el poder. Como antes vimos, éste estaría en manos de clases populares. En el movimiento obrero, los líderes charros como el porfiriano “don” Fidel Velázquez —40 años en la dirección de la CTM—, aseguran que "[...] se gobierna exclusivamente con la participación del Estado y de los trabajadores, no así [...] de los empresarios”. [6]

Y aun en las organizaciones obreras independientes y en la propia izquierda, aceptándose desde luego que el poder económico lo detenta la burguesía, se advierten significativas diferencias en cuanto a quién y en su caso, cómo ejerce el poder político. Una opinión muy socorrida desde hace años afirma que este poder lo ejerce una “clase dirigente” no burguesa, y que por tanto no es la que dispone del poder económico. Otra opinión, más matizada y menos esquemática, admitiendo que el Estado y por tanto el poder del Estado son burgueses, considera que la “hegemonía política” no corresponde a la burguesía porque ésta no participa directamente en la dirección del aparato estatal, el que más bien está en manos de una “burocracia política”, a la que otros designan como una “élite burocrática”, “clase política”, “tecnocracia” o, cuando más, una burguesía “estatal”, “nacional” o “burocrática”, a la que es más lo que la distingue de lo que pudiera identificarla con el resto de la clase dominante. En un ensayo se dice:

Los distintos estudios sobre la etapa posrrevolucionaria en México, parecen coincidir en la hipótesis según la cual el desarrollo [...] se ha logrado con la ausencia de una clase hegemónica [...]

Lo que el autor refuerza con la opinión de F. H. Cardoso, según la cual “[...] las burguesías industriales de países dependientes no tienen una vocación política hegemónica […] [7]

¿Cómo explicar que, tras un siglo de desarrollo capitalista, la burguesía mexicana no ejerza el poder ni participe en la dirección y el control del aparato estatal? Según algunos, porque su dispersión le ha impedido contar con la fuerza y la cohesión suficientes para desplazar de la dilección del gobierno a la “burocracia” y sustituirla por sus representantes directos. Según otros porque la alianza de la “burocracia política” con las clases populares lo ha impedido eficazmente hasta ahora. [8]

Para otros más, en fin, porque acaso la propia burguesía se da cuenta de que para mantener la estabilidad y aun favorecer sus intereses, es preferible que la responsabilidad pública corresponda a técnicos y funcionarios que no sean necesariamente miembros ni se exhiban abiertamente como voceros de la clase dominante. A últimas fechas, los funcionarios del PRI sostienen que si bien hasta ahora no ha logrado la burguesía llegar al poder, empieza a dejar sentir que ya no se conforma con dominar la economía sino que aspira a tomar posiciones e influir directamente en el gobierno y en todo el aparato del Estado. Y ante tan grave “peligro” se reitera el llamado oficial a los trabajadores para que cierren filas con aquél, refuercen la alianza “democrática” e impidan así que los ricos, que ya son dueños de gran parte de la tierra, de las fábricas, los bancos y las grandes tiendas, se apoderen además de los altos puestos en la administración pública y ejerzan desde ellos una influencia decisiva en favor de sus intereses.

Sería imposible discutir aquí todas estas cuestiones y las demás que habrían de introducirse para situar correctamente al Estado mexicano. Pero nuestro propósito es menos ambicioso: pretendemos solamente examinar la relación del Estado con la burguesía y especialmente con la oligarquía, y en este primer artículo nos interesa precisar quién dirige realmente el gobierno y en general el aparato del Estado. Sabemos que este examen es parcial, pero creemos que el abordar esta cuestión es no sólo pertinente sino indispensable para que los trabajadores comprendan mejor la naturaleza y el carácter del Estado, pues el no haberlo hecho hasta ahora ha sido una de las causas de muchos de sus tropiezos y derrotas.

El lector convendrá en que difícilmente podría exagerarse la importancia política de este asunto. Si, como asegura el PRI, el poder y concretamente el control del aparato estatal están en manos del pueblo, sería lamentable y aun absurdo negarse a hacer causa común con él, precisamente cuando, como suelen decir también los funcionarios priístas, lo que se busca es forjar una alianza democrática para enfrentarse a la burguesía, que ahora reclama nada menos que el poder. Si incluso la dirección del Estado correspondiera a una “burocracia política” o “clase dirigente ” no burguesa, y cuya autonomía permitiera enfrentarse con éxito a la clase dominante, sería por lo menos erróneo no considerar la posibilidad de apoyarla y apoyarse en ella. Pero en cambio, si la dirección del aparate estatal es ya fundamentalmente burguesa, y no es una mera “burguesía burocrática” sino parte integrante de la clase dominante, ligada estrechamente a la actividad privada y aun al capital monopolista, sería en cambio reformista, oportunista e inclusive suicida aliarse a ella. O sea que aclarar esta cuestión no es un pasatiempo ni un mero ejercicio académico: es algo esencial para el trazo de una línea política realmente revolucionaria.

¿Burgueses de carne y hueso, o meros burócratas?
¿ Es cierto que la burguesía no está presente en los principales puestos de mando del gobierno y en general del aparato del Estado? La respuesta a esta cuestión requeriría de un fundamento más riguroso que el que puede ofrecerse en estas páginas. Pero algo podemos avanzar. Antes, sin embargo conviene señalar que el problema de quién dirige el aparato estatal es ya una cuestión política muy importante para comprender la relación con la burguesía, pues evidentemente no es lo mismo que sean o no burgueses quienes dirijan ese aparato. Conviene además advertir que nuestra opinión, susceptible desde luego de enriquecerse y fundarse mejor, descansa primordialmente en el examen inicial de las carreras de cerca de 800 altos funcionarios del Estado, correspondientes sobre todo a los últimos treinta años. De ellos, 89 se ubican en el área financiera, 92 en otras actividades económicas, 47 en servicios sociales y 561 en la esfera propiamente política. Pues ríen, ¿qué se desprende de tal examen?

Funcionarios en el área financiera
Los funcionarios en esta área, o sea aquellos que fundamentalmente han ocupado altos puestos en la órbita monetaria, bancaria y ligada a las finanzas gubernamentales, exhiben en general los rasgos que siguen:

Todos, sin excepción, pueden considerarse personas con un alto nivel de vida y de ingreso, y una muy grande proporción de los mismos —quizá más del 90%—, se ubica a nuestro juicio en el seno de la burguesía. Aquí debemos abrir un breve paréntesis para evitar confusiones. Al suponer burgueses a estos y otros funcionarios no se trata de hacerles gratuitamente ningún cargo, ni menos de imputarles un crimen. Sabemos que especialmente en la política mexicana, lo burgués es algo desagradable y feo. A nadie, en la “familia revolucionaria” y menos a un político profesional le gusta que se le tenga por burgués. Y lo cierto es que tampoco le complace a un técnico o administrador, a un juez, gobernador o secretario de Estado. Mas si hemos de ser objetivos tenemos que emplear el término aunque entiéndase bien, con un carácter sustantivo y no adjetivo y menos aún peyorativo.

El que esto escribe es consciente de que no es fácil demostrar lo anterior. El funcionario mexicano tiende a menudo a ocultar su capital, y la siempre insuficiente información al alcance del público es reflejo de una pobre vida democrática. En otros países se sabe en general lo que tiene un funcionario al tomar y al dejar un alto puesto; se sabe cuáles son sus principales inversiones y a qué empresas está asociado. En México, en cambio, el dinero suele depositarse en el extranjero, mantenerse en fondos fiduciarios confidenciales, y manejarse a través de terceros y sin que aparezca el nombre del dueño.

No obstante, si decimos que los funcionarios del área financiera son fundamentalmente burgueses es porque, directa o indirectamente, participan en la absorción y retención de la plusvalía generada por los trabajadores productivos.

En efecto:

—Sus sueldos suelen ser muy altos, mucho más de lo que incluso en un régimen capitalista podría considerarse “razonable”, lo que claramente muestra que el ingreso por tal concepto excede en gran medida el valor de la fuerza de trabajo. [9]
—Al margen de tales sueldos, a menudo obtienen cuantiosas gratificaciones, comisiones y gastos de representación, casi siempre exentos de impuestos, que incrementan apreciablemente sus ingresos reales.
—Independientemente de ello, reciben regalos costosos, otras retribuciones, participaciones en consejos, automóviles para uso personal y de la familia, choferes y aun ayudantes gratuitos, remanentes de gastos de viaje, etcétera, todo lo cual se traduce en que el ingreso final suela ser 20, 30, 40 y más veces superior al monto de un salario mínimo.
—Muchos funcionarios, además son propietarios de predios agrícolas o de fincas ganaderas y sobre todo de casas, condominios y terrenos urbanos que les producen rentas o incrementan rápidamente su capital. Muchos son inversionistas en valores de renta fija, que sin mayor riesgo a menudo les reportan, por concepto de intereses, más de lo que obtienen de sus sueldos. Y otros son accionistas de empresas de diversa naturaleza o participan de un modo u otro en negocios de familiares o amigos. [10]
Pero, ¿cómo saber concretamente quién es y quién no es burgués? De diversas maneras.
—Porque el propio interesado admite que es rico;
—porque así lo estiman quienes lo conocen de cerca;
—porque públicamente, y sobre todo en medios financieros se le supone tal condición;
—porque procede de una familia burguesa;
—porque al menos durante quince o veinte años —y a veces incluso treinta o cuarenta— ha sido muy alto funcionario y contado con muy elevados ingresos;
—porque habiendo tenido un alto puesto menos tiempo, aun años después de haberlo dejado, sigue viviendo en condiciones envidiables que no son, ni con mucho, las de un cesante;
—porque tiene propiedades rurales o urbanas;
—porque se sabe que es accionista o dueño de alguna empresa;
—porque se le conoce como miembro de un consorcio industrial o financiero;
—porque se trata de un funcionario que además de haber tenido altos puestos, conforme a la fama pública no es “honrado, honrado”, o, como solía decir don Luis Cabrera de los “científicos” porfiristas, tiene una “suerte proverbial”.
—y en fin, porque vive, gasta y piensa como rico.

Como se ve, no se trata de especular ni de hacer apreciaciones subjetivas, sino de basarse en hechos susceptibles de comprobarse.

Otra aclaración que conviene hacer desde aquí es la siguiente: todos sabemos que ciertos funcionarios amasan rápidamente grandes fortunas. Abundan quienes en un solo sexenio —seis años de vacas lecheras gordas y contentas—, y aun en un solo negocio afortunado se enriquecen de manera impresionante. Como decía alguna vez Alberto Domingo en Siempre.

Por principio de cuentas, no se conoce todavía un político gallón, un funcionario encumbrado, un líder oficialista, vaya, ni siquiera un jefe de aduana oscuro o un mediocre oficial mayor que no acumulado una fortuna personal siempre cien veces por encima de lo que su ingreso justo, su sueldo mondo y lirondo por elevado que aparezca en la nómina legal, permitiría [...]. [11]

A menudo, ciertamente, eso sucede. Pero al aseverar que una alta proporción de funcionarios importantes está constituida por burgueses, no pretendemos sugerir que son por fuerza deshonestos y se hayan enriquecido ilícitamente como parecería ser el caso de quienes forman parte de lo que, a propósito de las recientes acusaciones penales a varios funcionarios, un buen amigo llama con gracia la familia “devolucionaria”. Aunque acaso no falten quienes deben su bienestar al ya tradicional 10% de las compras oficiales, o a la tasa convenida por vender “influencia” a quien la solicite, seguramente hay muchas personas que desde luego no han cometido delito alguno o siquiera aprovechándose de su puesto para obtener ventajas indebidas. Mas aun así, lo cierto también es que para un alto funcionario que a lo largo de años recibe ingresos muy elevados resulta difícil y a veces imposible, sobre todo si vive con cierta moderación, no acabar teniendo dinero. Y no digamos cuando procede ya de una familia rica o cuando se vincula a actividades privadas en las que, al margen de lo que gana como funcionario, obtiene por lo demás lícitamente, sumas cuantiosas por concepto de utilidades o dividendos. Y ahora, prosigamos.

Decía que por lo que hace a los funcionarios en lo que hemos llamado el área financiera, casi la totalidad pertenece a la burguesía, clase a la que, sin embargo, se llega por muy diversas maneras. Así por ejemplo, de las 89 personas consideradas, probablemente no más de 30 eran ya burguesas al ocupar el primer puesto importante, bien [...]de procedían de una familia de ese tipo o porque por [...] habían logrado tal condición. Tres o cuatro, quizás, enriquecieron rápidamente, en tanto que veintitantos [lo lograron] a través de una larga carrera. El resto, formó [su capi]tal principalmente a partir no tanto de los puestos [...] sino de su estrecha vinculación con la empresa [...]

—Al parecer, una proporción considerable de los funcionarios financieros no cuenta con negocios propios de importancia. Está compuesta más bien de inversionistas y rentistas, entre quienes posiblemente hay personas que tienen cuentas bancarias y propiedades u otros intereses en el extranjero. En 47 casos se advierten estrechas relaciones con la empresa privada y en 29 con el capital propiamente monopolista. De estos, 17 tienen una íntima relación con la banca privada y unos 12 con el capital extranjero. En cambio, alrededor de 20 tienen sus principales vínculos con el Estado.
—A diferencia de lo que acontece en otros campos, entre los funcionarios de que hablamos es raro encontrar algún miembro de la burguesía agrícola. En general están vinculados a actividades ur[...], y si bien no parecen constituir una fracción bien definida, las ramas en que más participan son probablemente el mercado de valores y bienes raíces, la banca, la industria y en menor escala el comercio.
—La estrecha relación entre el llamado “sector público” y la empresa privada, aparte de contribuir a explicar cómo y por qué devienen burgueses ciertos funcionarios, muestra que entre uno y otro de tales “sectores”, a los que a menudo se supone dos mundos desconectados entre sí, no hay barreras insalvables sino más bien una fluida, frecuente y fácil comunicación.

A manera de ejemplo podrían recordarse algunos casos como los siguientes:

—Gómez Morín, empieza su carrera vinculado a Hacienda, el Banco de México y el de Crédito Agrícola, y años más tarde se convierte en fundador del PAN y en consejero del Banco de Londres y México y de varias empresas de Monterrey;
—Alberto Pani, después de estar en Relaciones, en Hacienda y en la Embajada en Francia, se vuelve un hombre de negocios;
—Montes de Oca, a su vez, al dejar la Secretaría de Hacienda se vincula primero a una empresa radiofónica y posteriormente se asocia al Banco Internacional;
—Eduardo Suárez, tras largos años de ser funcionario del gobierno, se incorpora a la firma norteamericana Harding & Hess;
—Aarón Sáenz, quien por muchos años es Director de la UNPASA, y tiempo atrás Secretario de Relaciones y Jefe del Departamento del DF, se convierte en dueño de varios ingenios azucareros y en accionista principal del Banco de Industria y Comercio (hoy, Banco Confía);
—Marte R. Gómez, de los más altos cargos en Hacienda y Agricultura pasa a ser Director de la Worthington;
—Eduardo Villaseñor, en un tiempo Subsecretario de Hacienda y Director del Banco de México, termina asociado al Banco del Atlántico;
—Ramón Beteta, tras doce años en Hacienda, se vincula al Banco Continental y al grupo O’Farrill (Novedades, Diario de la Tarde, The News);
—Carlos Novoa llega a la Dirección del Banco de México, después de ser Director del Banco Industrial y presidente de la Asociación de Banqueros;
—Gutiérrez Roldán pasa de la Dirección de Crédito de Hacienda al Banco Capitalizador de Ahorros, y tras años de ocupar otros importantes cargos oficiales como la Dirección de Altos Hornos y Pemex, adquiere intereses en la industria petroquímica privada;
—Juan de Dios Bátiz, del Senado pasa a dirigir el Banco Nacional Hipotecario, v a partir de 1946 se vincula estrechamente a la industria de la Construcción y es Director de Techo Eterno Eureka;
—Eduardo Bustamante, Director del Banco de Industria y Comercio, es más tarde Subsecretario de Hacienda y Secretario del Patrimonio, de donde regresa a la empresa privada;
—Roberto López y Ricardo J. Zevada, funcionarios de Hacienda y del Banco Nacional de Comercio Exterior, se acercan respectivamente a la Financiera de Exportaciones e Importaciones (Grupo Banco del Atlántico) y al Banco del Ahorro Nacional, al que el segundo de ellos ya estaba ligado desde antes de llegar a Bancomext;
—Mario Mendiola deja la Subdirección de éste, para ocupar primero un alto cargo en Bancomer y después en la Concamin;
—Rodrigo Gómez inicia su carrera en la empresa privada y termina siendo Senador y Director del Banco de México;
—Gómez Gordoa viene de la Algodonera Comercial Mexicana y del Banco Mexicano —ambas empresas privadas―, a la Embajada en España y a la dirección del IMCE.
—En fin, Agustín Fouque pasa de la Canacintra a Nafinsa, mientras Mario Ramón Beteta dirige Banca Somex después de muchos años de prestar servicios en Hacienda y el Banco de México, y Fernández Hurtado deja la Dirección de éste para convertirse en Director del grupo BCH.
—De los 89 funcionarios de que hablamos, se atribuyen capitales cuantiosos a 14-16 de ellos. En el otro extremo, quizá 8 a 10 tengan todavía un patrimonio relativamente modesto, aunque en general propiamente burgués, o sea que no es fruto de pequeños ahorros hechos a lo largo de una frugal vida de trabajo, sino más bien de ingresos privilegiados que, aun viviendo a veces hasta con cierto lujo, permiten acumular un capital considerable.
—Sólo 4 de los 89 funcionarios tuvieron algún cargo de elección popular, y, en general dicho cargo no fue especialmente importante para ascender. Hernández Delgado y Robles Martínez fueron diputados, y éste, así como Rodrigo Gómez y José María Dávila, senadores. Carrillo Flores y Alfredo Navarrete, tras largas carreras en el medio bancario y financiero, son hoy candidatos y seguramente muy pronto serán diputados del PRI. Ningún gobernador ha llegado a los más altos puestos financieros, aunque Daniel Rentería, por muchos años Tesorero de la Federación, fue después gobernador interino de Michoacán.
—45 funcionarios han tenido relaciones directas con Hacienda y/o el Banco de México, que sin duda son el centro del área financiera, y 16 con grandes bancos y empresas estatales. En 36 casos, la actividad principal o la desempeñada por mayor tiempo es propiamente financiera, y 20 personas ostentan carreras muy largas, digamos de 20 a 40 años de servicios. Casi todos tienen, además, preparación universitaria, y 23 cuentan con estudios especializados en el extranjero.

Acaso por esta razón y porque las relaciones internacionales se desplazan cada vez más a la esfera económica y sobre todo financiera, aparte de que 10 funcionarios ocupan altos cargos en la Secretaría de Relaciones. 13 han sido embajadores en países muy importantes y 10 a 12 más han mantenido estrechas relaciones con el FMI, el BIRF, el BID, el Eximbank, la Tesorería y los grandes bancos privados de los Estados Unidos. Al respecto es muy revelador que casi todos los últimos embajadores mexicanos en Washington hayan sido, antes o después, altos funcionarios financieros. Tal es el caso de Espinosa de los Monteros, Carrillo Flores, Rabasa, Olloqui y Margáin.

Es interesante hacer notar que hijos y sobrinos de viejos funcionarios destacan también en el área financiera y en otros campos de actividad. Entre ellos podría mencionarse a Aarón Sáenz Jr., Miguel Alemán Velasco, Gómez Morín Torres, Rabasa, González Gallo, Flores Izquierdo, Luis Dantón Rodríguez, Cuauhtémoc Cárdenas, Ortiz Salinas, Janitzio Múgica, Manuel Bartlett, Rojo Lugo, Gustavo Carvajal, Alanís Fuentes, Manuel y Carlos Tello, González Blanco Garrido, Vázquez Colmenares, Madrazo Pintado, Olachea Borbón, Sánchez Lugo, Miguel Mancera y Carrillo Gamboa.

Además de los 89 funcionarios considerados, conservadoramente podría pensarse en unos 300 de menor rango —subsecretarios, oficiales mayores, directores generales, subdirectores y gerentes de banco del gobierno, algunos jefes de oficinas y agencias federales, etcétera—, con puestos de cierta importancia en los últimos 30 años, lo que comprobaría que las posiciones desde las que se define el rumbo y los caracteres de la política financiera del Estado mexicano, están sin duda en manos de la burguesía. Lo que no implica menospreciar y menos aún ignorar el papel que como profesionistas, administradores y técnicos, ayudantes y aun empleados de cierta significación, juegan varios millares de personas. Abajo de cada 5, 10 ó 20 altos funcionarios, casi siempre burgueses, hay 25, 50, 100 funcionarios de nivel medio, algunos incluso muy bien retribuidos, pero que en general no ejercen mayor influencia en las decisiones fundamentales ni pertenecen todavía, social y económicamente, a las capas más altas. Y en la base de la pirámide hay además, como es obvio, decenas y aun centenares de miles de modestos trabajadores que viven de su salario y que forman parte del proletariado.

Considerando tan sólo los 100 a 200 funcionarios principales, junto a rasgos comunes reveladores de su inserción en el seno de la clase dominante, se advierten también diferencias significativas. Socialmente, por ejemplo entre quienes proceden de viejas familias burguesas y de la pequeña burguesía o las capas medias: culturalmente, entre quienes tienen una preparación más amplia o especializada y quienes carecen de ella: económicamente: entre quienes forman parte de la oligarquía y la alta burguesía y quienes son burgueses a secas; políticamente, entre quienes militan en forma activa en el PRI y muy rara vez en otros partidos, o al menos comprenden ciertos problemas políticos, y quienes, estando desde luego subordinados a determinadas posiciones, se sienten más bien técnicos ajenos a la política, e ideológicamente: entre liberales —en general keynesianos o cepalinos— y conservadores con formación más bien neoclásica, o que aun careciendo de ésta tienden al monetarismo y a la ortodoxia más reaccionaria, y entre quienes se consideran más vinculados al Estado o bien a la empresa privada.

Entre los funcionarios más conservadores, que a menudo colaboran en universidades e institutos que la empresa privada sostiene para preparar a sus juniors ―ITAM, ITM,  Anáhuac, Ibero, etcétera— suele encontrarse a algunos del Banco de México.

Otros altos funcionarios en la esfera económica
De los funcionarios federales que tienen que ver con actividades económicas diversas —no financieras— y de algunas importantes empresas del Estado, seleccioné a 92 personas, número que, dada la significación de las ramas de que se trata, debiera ser bastante mayor. Pero aun este primer y parcial acercamiento es revelador.

Como en el caso ya visto, y por razones análogas, se observa aquí también que el nivel de ingreso y de vida es muy alto y que prácticamente todos los funcionarios incluidos podrían considerarse burgueses, aunque quizá sólo unos 25 a 30 lo eran ya al llegar a los puestos principales.

Entre aquellos a quienes por sus largas e importantes carreras, por los altos puestos [12] que han ocupado, por sus estrechas relaciones con la empresa privada, o por ser ricos desde antes se supone una mejor posición social y económica, podría mencionarse a los siguientes:

M. Ávila Camacho: General, Gobernador de Puebla, Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas.
F. J. Gaxiola: Gobernador de Baja California, Secretario de Economía Nacional.
G. P. Serrano: Director de la Comisión Nacional de Irrigación, Secretario de Economía Nacional.
Salinas Lozano: Director de la Comisión Nacional de Inversiones, Secretario de Industria y Comercio, Director de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.
A. Ruiz Galindo: Secretario de Economía Nacional.
A. Ruiz Galindo Jr.: Embajador en Alemania.
Campillo Sáenz: Subsecretario y Secretario de Industria y Comercio, Director del Infonavit.
Torres Manzo: Gerente de Conasupo, Secretario de Industria y Comercio, Gobernador de Michoacán.
T. Valles: Diputado, Director de Conasupo, Senador.
González Cosío: Diputado, Senador, Gobernador de Querétaro, Director de Conasupo.
Ortiz Garza: Gobernador de Coahuila, Senador, Director de NADYRSA, Secretario de Agricultura.
Flores Muñoz: Diputado, Senador, Gobernador de Nayarit, Secretario de Agricultura, Director de UNPASA.
Foglio Miramontes: Gobernador de Chihuahua, Subsecretario de Agricultura, Jefe del Departamento Agrario.
Rodríguez Adame: Diputado, Senador, Secretario de Agricultura, Embajador, funcionario del BID.
Ramos Millán: Senador, Director de la Comisión Nacional del Maíz.
Guzmán Willis: Senador, Subsecretario de Ganadería.
J. Gil Preciado: Gobernador de Jalisco, Diputado, Secretario de Agricultura.
M. B. Aguirre: Diputado, Senador, Secretario de Agricultura, Gobernador de Chihuahua.
Brauer Herrera: Secretario de Agricultura.
Merino Rábago: Director del Banco Ejidal, Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Cantú Peña: Director del Instituto Mexicano del Café.
Orne Alba: Director de la Comisión Nacional de Irrigación, Secretario de Recursos Hidráulicos, Director de Sicartsa (Las Truchas).
A. del Mazo: Gobernador del Estado de México, Senador, Secretario de Recursos Hidráulicos.
Hernández Terán: Director de la Comisión del Rio Fuerte, Secretario de Recursos Hidráulicos.
Rovirosa Wade: Secretario de Recursos Hidráulicos, Gobernador de Tabasco.
A. García López: Consultor, Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas.
C. Lazo: Consultor y Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas.
W. Buchanan: Subsecretario y Secretario de Obras Públicas, Secretario de Comunicaciones y Transportes.
L. E. Bracamontes: Consultor, Subsecretario y Secretario de Obras Públicas.
G. Valenzuela: Director de Obras Públicas del Distrito Federal, Secretario de Obras Públicas.
Dovalí Jaime: Subsecretario de Obras Públicas, Director de Pemex.
Padilla Segura: Director del IPN, Secretario de Comunicaciones y Transportes, Director de Altos Hornos de México.
Méndez Docurro: Director del IPN, Secretario de Comunicaciones y Transportes, Subsecretario de Educación.
P. Ramírez Vázquez: Consultor, Proyectista, Secretario de Obras Públicas.
M. Palacios: Senador, Subsecretario del Trabajo, Director de los Ferrocarriles.
R. de la Selva: Secretario de la Presidencia.
Miranda Fonseca: Diputado, Senador, Secretario de la Presidencia.
H. Romero: Secretario del Presidente.
R. Amorós: Senador, Secretario de la Presidencia, Director de los Ferrocarriles, Director de la Conasupo.
García Sáenz: Subdirector del IMSS, Secretario de Programación y Presupuesto.
Cervantes del Río: Director de la CFE y Secretario de la Presidencia.
A. Farell: Director de la CFE y del IMSS.
A. García González: Embajador, Director de Turismo, Gobernador de Baja California.
Hirschfield Almada: Director de Aeropuertos, Director de Turismo.
Rosell de la Lama: Subsecretario de Patrimonio, Secretario de Turismo.
Gutiérrez Roldán: Director de Pemex y de Altos Hornos de México.
P. Balboa: Diputado, Subdirector de Pemex, Gobernador de Tamaulipas.
A. Bermúdez: Senador, Director de Pemex y del Programa Nacional Fronterizo.
Tomás Bay: Director de Altos Hornos de México.
Díaz Serrano: Director de Pemex.
Harold Pape: Gerente de Altos Hornos.

Los funcionarios más ligados a la actividad privada —probablemente 53—, parecerían formar parte principalmente de la burguesía comercial e industrial y en tercer lugar agrícola, aunque entre los más ricos probablemente destaca su relación con la industria, entrelazada con otras actividades. A 15 de ellos se les supone muy relacionados con la oligarquía y a 13 se atribuyen capitales muy cuantiosos.

Aunque, como ya hemos dicho, es difícil conocer la forma en que un funcionario se liga a la actividad privada, de hecho esta relación es inevitable, pues apenas se dispone de más de lo que puede gastarse, surge un excedente que se destina a casas y terrenos, a compras de valores, joyas, oro y divisas u otras inversiones. Con fines de ilustración, y para comprender mejor lo estrecha que suele ser esa relación, cabría recordar que, por lo que hace a funcionarios del grupo que ahora examinamos, Maximino Ávila Camacho fue ampliamente conocido por sus negocios, Gaxiola estuvo ligado al Grupo A. Rodríguez, los señores Ruiz Galindo —padre e hijo—, son fundadores y miembros destacados de DM Nacional y del grupo industrial que lleva su nombre; Campillo Sáenz llegó a alto funcionario después de serlo de la Fundidora Monterrey, de la Concamin y de la Cámara Minera; Tomás Valles y Guzmán Willis fueron, aparte de subsecretarios de Ganadería, ricos ganaderos y comerciantes en ganado. Ortiz Garza dirigió la CNIT y es un conocido industrial e inversionista. Foglio Miramontes y García González tuvieron importantes inversiones en Baja California; Orive Alba estuvo vinculado a la industria química; Gutiérrez Roldán tiene intereses en la petroquímica y en otras actividades; Del Mazo, Rovirosa y otros han sido constructores —el último fue incluso Presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción; A. Bermúdez es un conocido industrial e inversionista, Hirschfield está ligado a H. Steele y a la banca privada, García Sáenz fue Director de Condumex, y Díaz Serrano llegó a Pemex siendo contratista y representante de grandes empresas.

A diferencia de lo que hemos visto en tratándose de los funcionarios del primer grupo, los que ahora consideramos tienen poca significación en las relaciones con el exterior, en cambio, 22 de ellos han sido diputados y/o senadores y 21, gobernadores. En general, el grupo parece ser menos especializado que el 1), aunque en el ramo de Obras Públicas, Recursos Hidráulicos, Industria y Comercio y algunas grandes empresas estatales —aquí, sobre todo en puestos secundarios—, los funcionarios parecen, en general, más profesionales.

De los 92 considerados, 41 han sido secretarios de Estado, y varios subsecretarios, directores de grandes empresas estatales y gobernadores. Como en el grupo 1), la mayor parte tiene preparación universitaria, salvo entre los más ligados a la agricultura. Hasta donde es posible establecerlo, prácticamente todos pertenecen al partido oficial, aunque no más de 12 a 15 podrían considerarse realmente activos dentro del PRI, No obstante esta filiación formal, dominando una posición en general conservadora, se advierten diferencias de grado. Mientras unos 33 funcionarios podrían quizá situarse en las posiciones más reaccionarias —en general los más ligados a la empresa privada nacional y extranjera—, unos 40 podrían pasar por liberales de tipo tradicional, en general tan enemigos del socialismo como los anteriores pero acaso menos comprometidos con el imperialismo y la oligarquía, otros pocos se antojan más bien anodinos y 6 ó 7, serían los “progresistas”, o sea aquellos que en otros tiempos fueron incluso izquierdizantes y que aun viendo todavía con respeto ciertas posiciones, en su calidad de funcionarios tienen que disciplinarse y moverse en la dirección en que soplan los vientos oficiales.

Probablemente 24 proceden de familias a las que podría considerarse burguesas. El resto, adquirió el capital durante su carrera, pudiendo advertirse que unos 30 tienen largos años de servicio, pues durante tres o más sexenios ocupan puestos destacados. La otra muy importante fuente de enriquecimiento es la actividad privada, a la que, como ya se dijo, está vinculado un buen número de altos funcionarios.

Por todo lo anterior podría concluirse que, como en el caso primeramente examinado, en la esfera de la política económica no sólo está presente sino que es decisivo el peso de la burguesía, pues además de disponer de otros medios para ejercer influencia, quienes dirigen la política agrícola, el aprovechamiento de los recursos hidráulicos, el abastecimiento de energía y combustibles, las comunicaciones y los transportes, la política de fomento industrial y de comercio interior y exterior, e incluso el mercado de trabajo no son meros técnicos bien retribuidos, oscuros burócratas pequeñoburgueses o modestos asalariados sino funcionarios burgueses, a menudo ligados estrechamente a la empresa privada, y cuyo carácter de clase suele ser insoslayable.

Aunque la falta de tiempo impidió ampliar la lista de los funcionarios incluidos en el grupo 2), conservadoramente podría afirmarse que no menos de otros 40 a 50 serían equiparables a los casos examinados. Esto, desde luego, sin perjuicio de añadir centenares de funcionarios de menor rango —quizá no menos de 800 a 1 000— federales, locales y de empresas del Estado, pero que en general juegan un papel importante en la alta dirección, y que al igual que los primeros, fundamentalmente quedarían también en el seno de la burguesía. O sea que aquí también comprobaríamos que las posiciones de más alto nivel generalmente se reservan a profesionistas y técnicos con mayor o menor capacidad y experiencia, pero que económica y socialmente pertenecen a la clase dominante. Y el que excepcionalmente esto no sea así sólo confirma, en realidad, la regla, una regla que, por lo demás no riñe con el hecho de que, en niveles medios y en general inferiores, participe un cada vez mayor número de administradores y técnicos que fundamentalmente intervienen en la ejecución de las decisiones que toman los de arriba.

Los funcionarios en el área social
Un tercer grupo de funcionarios examinado para este breve estudio comprende 47 personas que principalmente han figurado en lo que podría considerarse el área de servicios sociales, es decir, educación, salubridad y asistencia y seguridad social.

Como en los casos anteriores, aquí también sólo se seleccionó a personas con muy alto nivel de ingresos, pudiendo apreciarse que la mayor parte de ellas —quizá el 80%— se ubica en la burguesía. Diez o doce parecen provenir de familias burguesas o al menos tenían tal condición al llegar a los puestos más altos, y 18 a 20 ostentan largas carreras, a través de las cuales llegan a formar un capital que los vuelve parte de la clase dominante. Aunque en este caso fue más difícil establecer la relación con la actividad privada, se pudo comprobar que algunos funcionarios son ricos, que otros viven muy bien pese a no tener, desde hace tiempo, cargos gubernamentales y que otros más han sido profesionistas destacados o consultores de muy alto nivel, vinculándose en tal carácter a la empresa privada. Tan sólo entre aquellos cuya ubicación social es bien conocida o que han ocupado puestos muy importantes en este campo, podría mencionarse a:

L. Andrew Almazán: Embajador, Jefe del Departamento de Salubridad, Diputado y Consejero del IMSS.
V. Fernández Manero: Secretario de Salubridad, Diputado y Gobernador de Tabasco.
G. Baz: Rector de la UNAM, Secretario de Salubridad y Asistencia, Gobernador del Estado de México, Senador.
Morones Prieto: Gobernador de Nuevo León, Secretario de Salubridad y Asistencia, Embajador, Director del IMSS.
Álvarez Amézquita: Director del Hospital Juárez y de Asistencia Social, Secretario de Salubridad.
R. Pascasio Gamboa: Gobernador de Chiapas, Presidente del PRI, Secretario de Salubridad y Asistencia.
S. Zubirán: Funcionario de la Presidencia, Rector de la UNAM, Subsecretario de Asistencia, Director del Instituto de la Nutrición.
R. Moreno Valle: Senador, Secretario de Salubridad y Asistencia, Gobernador de Puebla.
S. Aceves: Director del Instituto de Cardiología, Subsecretario y Secretario de Salubridad.
I. Chávez: Director del Instituto de Cardiología, Rector de la UNAM.
Jiménez Cantó: Funcionario en Obras Públicas y Conasupo, Secretario de Salubridad.
Martínez Manautou: Diputado, Delegado del PRI, Senador, Secretario de la Presidencia, Secretario de Salubridad.
C. Campillo Sáenz: Subsecretario de Salubridad.
Sánchez Pontón: Diputado, Oficial Mayor de Hacienda, Embajador, Secretario de Educación.
Véjar Vázquez: Juez, Procurador del DF, Secretario de Educación.
Torres Bodet: Secretario de Educación, Secretario de Relaciones, Embajador, Director de la UNESCO.
Gual Vidal: Consejero de diversas instituciones, Secretario de Educación, y Presidente de la Asociación de Banqueros.
J. A. Ceniceros: Subprocurador y Procurador General, Subsecretario de Relaciones, Embajador, Secretario de Educación.
Yáñez: Gobernador de Jalisco, Subsecretario de la Presidencia, Secretario de Educación.
Bravo Ahúja: Funcionario y Rector del Instituto Tecnológico de Monterrey, Gobernador de Oaxaca, Subsecretario y Secretario de Educación.
A. Merino Fernández: Diputado, Oficial Mayor y Subsecretario de Educación, Gobernador interino de Puebla y Quintana Roo.
Sealtiel Alatriste: Tesorero del Departamento del DF, Subsecretario del Patrimonio, Director del IMSS.
Benito Coquet: Diputado, Embajador, Subsecretario y Secretario de la Presidencia, Director del IMSS.
Flores Izquierdo: Funcionario del Hospital General y Subdirector del IMSS.

En su versión más convencional, los servicios sociales son vistos como una actividad que fundamentalmente beneficia a los trabajadores y en general a las capas más amplias de la población. Lo cierto es que, si bien la educación, la salud y la seguridad social son esenciales para elevar el nivel de vida, son también medios necesarios para lograr un más alto nivel de calificación de la fuerza de trabajo, para elevar la productividad y hacer posible una mayor explotación.

Los funcionarios aquí considerados exhiben características similares a las del grupo 2), aunque también ciertos rasgos propios. Entre las primeras podría señalarse prácticamente todos cuentan con preparación universal 22, o sea una alta proporción, han tenido cargos de elección popular, aunque varios llegan a ellos no al principio de sus carreras sino cuando ya son influyentes y han ocupado otros altos puestos. Tal es el caso de Jiménez —hoy gobernador del Estado de México— y en las esferas los de M. Bernardo Aguirre, Hernández Torres Manzo, Rovirosa Wade y otros. En tra[...] especialmente de algunos prominentes médicos [...] Baz, Chávez, Zubirán, Martínez Báez, Aceves, Valle y otros—, al margen de sus puestos, su ascenso estuvo seguramente ligado al éxito con que han [ejercido] su profesión.

Los funcionarios políticos
El intento de conocer de cerca la posición social de los funcionarios que fundamentalmente han estado ligados a tareas políticas diversas tropieza con dificultades especiales. Ello obedece a que se trata de un mayor número de personas, en general más heterogéneo que los anteriores; a que las carreras suelen ser muy diferentes unas de otras, a que el carácter de clase es más complejo e incluso a que los “políticos” son a menudo quienes más se empeñan en que no se conozca públicamente su vinculación con la actividad privada, lo que contribuye a que, con frecuencia, aun admitiéndose que determinada persona es rica, nadie sabe, con precisión, cuál es la fuente de su bienestar. Por todo ello, las apreciaciones que siguen deben considerarse muy iniciales.

Para los fines ele nuestros análisis, funcionarios "políticos” son aquellos cuyos principales cargos corresponden a la Secretaría de Gobernación, de la Defensa y Marina, Relaciones, Trabajo y Reforma Agraria, la Procuraduría Federal, la dirección de las Cámaras de Diputados y Senadores , la Suprema Corte de Justicia, el Departamento del DF, los gobiernos de los estados y algunos municipales, Dirección del PRI y de las organizaciones afiliadas al partido oficial.

(…)

Para facilitar el examen, empezaremos considerando a 65 de los más altos funcionarios “políticos”, o sea aquellos que, dentro del Poder Ejecutivo, fueron o son al menos secretarios de Estado —ramos ya señalados—, procuradores generales de justicia o jefes del Departamento del DF. Dichas personas y sus principales cargos son los siguientes:

Portes Gil: Diputado, Gobernador de Tamaulipas, Presidente de la República, Embajador, Presidente del PNR, Procurador General.

Ortiz Rubio: Gobernador de Michoacán, Secretario Comunicaciones, Presidente de la República.

A. Rodríguez: Gobernador de Baja California, Secretario de Guerra y Marina, Presidente de la República, Gobernador de Sonora.

J. Siurob: Gobernador de Guanajuato y Querétaro, Jefe del Departamento de Salubridad y del Departamento del DF.

L. Cárdenas: Gobernador de Michoacán, Presidente de la República y Secretario de la Defensa Nacional.

R. Castellano: Secretario de la Presidencia, Jefe del Departamento del DF, Procurador del DF, Embajador, Ministro de la Suprema Corte.

Eduardo Hay: Diputado, Embajador, Secretario de Relaciones.

J. de Dios Bojórquez: Diputado, Senador, Embajador, Secretario de Gobernación.

Villa Michel; Jefe del Departamento del DF, Embajador, Secretario de Gobernación y de Industria y Comercio.

Barba González: Diputado, Senador, Gobernador de Jalisco, Presidente del PRM, Secretario del Trabajo y de Gobernación y Jefe del Departamento Agrario.

Castillo Nájera: Embajador en EUA, Secretario de Relaciones.

Ávila Camacho: Oficial Mayor, Subsecretario y Secretario de la Defensa Nacional, Presidente de la República.

J. A. Castro: Senador, Gobernador, Subsecretario y Secretario de la Defensa Nacional.

F. Urquizo: Subsecretario y Secretario de la Defensa.

Ezequiel Padilla: Diputado, Senador, Secretario de Relaciones Exteriores.

Rojo Gómez: Diputado, Gobernador de Hidalgo y de Quintana Roo, Jefe del Departamento del DF, Embajador, Secretario General de la CNC.

Aguilar y Maya: Diputado, Gobernador de Guanajuato, Procurador General de la República.

Miguel Alemán: Senador, Gobernador de Veracruz, Secretario de Gobernación, Presidente de la República, Presidente del Consejo Nacional de Turismo.

Pérez Martínez: Diputado, Gobernador de Campeche, Oficial Mayor, Subsecretario y Secretario de Gobernación.

G. R. Limón: Jefe de las Guardias Presidenciales, Director del Colegio Militar, Secretario de la Defensa.

González de la Vega: Juez, Procurador General, Director de la PIPSA, Senador, Gobernador de Durango, Jefe del Departamento de Turismo, Embajador.

Serra Rojas: Diputado, Secretario del Trabajo, Senador.

Casas Alemán: Senador, Subsecretario de Gobernación, Jefe del Departamento del DF, Embajador.

M. Ramírez Vázquez: Subsecretario y Secretario del Trabajo.

Ruiz Cortines: Diputado, Gobernador de Veracruz, Secretario de Gobernación, Presidente de la República.

A. Carvajal: Subprocurador General de la República, Gobernador de Veracruz, Secretario del Patrimonio y de Gobernación, Ministro de la Suprema Corte.

López Mateos: Senador, Secretario General del PRI, Secretario del Trabajo, Presidente de la República.

Gómez Maqueo: Diputado, Senador, Secretario de Marina.

López Sánchez: Diputado, Senador, Gobernador de Coahuila, Secretario de Marina.

Matías Ramos: Diputado, Gobernador de Zacatecas, Presidente del PNR, Secretario de la Defensa.

Padilla Nervo: Subsecretario de Educación y del Trabajo, Secretario de Relaciones, Embajador ante las Naciones Unidas, Juez de la Corte Internacional de Justicia.

Sánchez Taboada: Gobernador de Baja California, Presidente del PRI, Secretario de Marina.

E. Uruchurtu: Secretario General del PRI, Subsecretario y Secretario de Gobernación, Jefe del Departamento del DF.

Díaz Ordaz: Diputado, Secretario General del Gobierno de Puebla, Senador. Oficial Mayor y Secretario de Gobernación, Presidente de la República .

González Blanco: Senador, Magistrado del Tribunal Superior del DF, Subsecretario y Secretario del Trabajo.

López Arias: Diputado, Senador, Subsecretario del Patrimonio, Secretario de Acción Política del PRI, Procurador General de la República, Gobernador de Veracruz.

M. J. Tello: Embajador, Senador, Subsecretario y Secretario de Relaciones Exteriores.

Olachea Avilés: Gobernador de Baja California, Presidente del PRI, Secretario de la Defensa.

Zermeño Araico: Embajador, Secretario de Marina.

A. Pawling: Subsecretario y Secretario de Marina.

Luis Echeverría: Oficial Mayor de Educación; funcionario del PRI, Subsecretario y Secretario de Gobernación, Presidente de la República, Embajador.

Antonio Rocha: Diputado, Senador, Gobernador de San Luis Potosí, Procurador General de la República, Magistrado de la Suprema Corte.

García Barragán: Gobernador de Jalisco, Secretario de la Defensa.

Carrillo Flores: Director de Nafinsa, Secretario de Hacienda, Embajador, Secretario de Relaciones.

A. V. del Mercado: Director de la Escuela Naval, Director de Pesca, Secretario de Marina.

Corona del Rosal: Director del Banco del Ejército, Gobernador de Hidalgo, Presidente del PRI, Secretario del Patrimonio, Jefe del Departamento del DF.

Moya Palencia: Subsecretario y Secretario de Gobernación.

Muñoz Ledo: Subsecretario de la Presidencia, Subsecretario y Secretario del Trabajo, Presidente del PRI, Secretario de Educación.

Sánchez Vargas: Magistrado en el DF, Subprocurador y Procurador General de Justicia, Director de la Sociedad Mexicana de Crédito Industrial.

Gálvez Betancourt: Oficial Mayor y Subsecretario de Gobernación, Director del IMSS, Gobernador de Michoacán.

Hernández Ochoa: Diputado. Subsecretario de Gobernación, Secretario del Trabajo, Gobernador de Veracruz.

E. Rabasa: Director del Banco Cinematográfico, Embajador en EUA, Secretario de Relaciones.

O. Sentíes: Diputado, Jefe del Departamento del DF. Cuenca Díaz: Senador. Secretario de la Defensa. Martínez Domínguez: Presidente del PRI, Jefe del Departamento del DF.

López Portillo: Subsecretario del Patrimonio y de la Presidencia, Director de la CFE, Secretario de Hacienda, Presidente de la República.

Rojo Lugo: Secretario de la Reforma Agraria, Gobernador de Hidalgo.

Toledo Corro: Secretario de la Reforma Agraria.

Cházaro Lara: Subsecretario y Secretario de Marina.

Reyes Heroles: Subdirector del IMSS, Diputado, Director de Pemex y del Consorcio Industrial de Ciudad Sahagún, Presidente del PRI, Secretario de Gobernación.

Ojeda Paullada: Oficial Mayor de la Presidencia, Procurador General de la República, Secretario de Trabajo.

Oscar Flores: Subsecretario de Ganadería, Gobernador de Chihuahua, Senador, Procurador General de la República.

Galván López: Secretario de la Defensa.

Santiago Roel: Diputado, Funcionario del PRI, Secretario de Relaciones.

Hank González: Director de la Conasupo, Gobernador del Estado de México, Jefe del Departamento del DF.

El examen de este primer grupo de funcionarios políticos revela lo siguiente:

—Salvo cuatro o cinco posibles excepciones, todos tienen una alta posición social.

—Al menos a unos 15 de ellos se atribuyen capitales cuantiosos, lo que sin embargo es muy difícil de comprobar. La mayoría procede de familias pequeñoburguesas o de “clase media”, aunque probablemente unos treinta y tantos tenían ya una alta posición social al llegar al principal puesto de su carrera.

—Unos 30 funcionarios exhiben carreras muy largas, digamos de 20 años o más, lo que sin duda explica el cambio en su posición social y económica; dichas carreras, además, son muy importantes, como lo comprueba el hecho ya señalado de que 11 personas hayan sido presidentes de la República y que 17 hayan ocupado al menos dos de los más altos cargos a que puede aspirarse en el gobierno mexicano.

—34 tuvieron puestos de elección popular, de los que 26 fueron gobernadores. Esto revela que, en tratándose de los “políticos” dichos cargos son especialmente importantes; 9 son generales del ejército, lo que no debiera hacer pensar que muchos otros militares no fueron también políticamente influyentes. A propósito de éstos, podría.

decirse que unos 30 a 33 de los funcionarios aquí considerados llegaron a tener mucha influencia, en tanto que 8 ó 10, no obstante sus altos puestos, fueron de poca significación .

―De hecho, casi todos tienen una u otra vinculación  con la actividad privada, pues aun no estando directamente asociados a alguna empresa son propietarios de bienes raíces o inversionistas en valores; algunos, empero, participan más directamente en empresas de diversa naturaleza, como podría ser el caso de Portes Gil, Ortiz Rubio, A. Rodríguez, Ávila Camacho, Padilla, Alemán, Casas Alemán, Limón, Sánchez Taboada, López Sánchez, Uruchurtu, Díaz Ordaz, [13] López Arias, Olachea, Pawling, Sentíes, Corona del Rosal, Toledo Corro, Oscar Flores y Hank González.

En un segundo nivel, aunque formado también por muy altos funcionarios políticos, podría mencionarse al menos a unos 150 de bastante significación. De ellos hemos seleccionado a los que siguen:

Genaro Vázquez: Diputado, Senador, Secretario del Trabajo, Procurador General, Ministro de la Suprema Corte.
Franco Sodi: Procurador General del DF, y de la República, Ministro de la Suprema Corte.
Carrillo Marcos: Secretario del Departamento del DF, Diputado, Senador, Gobernador de Sonora.
Franco Rodríguez: Diputado, Senador, Gobernador de Michoacán, Subprocurador General de la República.
Suárez Torres: Subprocurador General de la República, Procurador del DF, Senador
Román Lugo: Secretario del Gobierno de Veracruz, Subsecretario de Gobernación, Procurador de Justicia en el DF.
J. Ortiz Tirado: Subsecretario de Gobernación, Embajador, Ministro de la Suprema Corte.
G. Fraga: Presidente de la CNB, Ministro de la Suprema Corte, Subsecretario de Relaciones.
S. Urbina: Senador, Procurador General de la República, Ministro de la Suprema Corte.
M. Ramírez Vázquez: Subprocurador General de la República, Ministro de la Suprema Corte.
Agapito Pozo: Juez, Senador, Gobernador de Querétaro, Magistrado del Tribunal del DF, y Ministro de la Suprema Corte.
Hilario Medina: Subsecretario de Relaciones, Senador, Ministro de la Suprema Corte.
Rivera Pérez Campos: Abogado de los Ferrocarriles y de Pemex, Ministro de la Suprema Corte, Senador. Santos Guajardo: Subsecretario de Gobernación, del Trabajo y de Relaciones, Subprocurador de Justicia en la República, Director del IMSS.
Guzmán Neyra: Presidente de la Junta Federal de Conciliación y del PRI en el DF, Ministro y Presidente de la Suprema Corte.
J. J. Glez. Bustamante: Juez, Subprocurador General de la República, Ministro de la Suprema Corte, Senador.
M. Azuela: Magistrado del Tribunal Fiscal, Ministro de la Suprema Corte, Senador.
Chico Goerne: Rector de la UNAM, Consejero de la Presidencia, Ministro de la Suprema Corte.
Salinas Leal: Gobernador de Nuevo León y de Baja California, Senador.
G. Santos: Diputado, Senador, Funcionario del PRM, Embajador.
Soto Reyes: Senador, Funcionario del PNR, Gobernador de San Luis Potosí.
L. Reynoso: Senador, Diputado, Secretario del PNR, Gobernador de Zacatecas, Embajador.
Giner Durán: Diputado, Senador, Comandante en varias zonas militares, Gobernador de Chihuahua.
Treviño Zapata: Diputado, Gobernador de Tamaulipas.
Sánchez Madariaga: Diputado, Senador, Miembro de la Dirección del PNR.
A. Villalobos: Juez, Diputado, Senador, Presidente del PRM, Embajador.
C. Gasca: Diputado, Gobernador del DF, Senador.
A. Martínez Adame: Juez, Senador, Ministro de la Suprema Corte, Gobernador de Guerrero.
M. Santillán: Subsecretario de Economía y Obras Públicas, Gobernador de Tlaxcala.
García de Alba: Diputado, Senador, Secretario General del PNR, Director del ISSSTE, Embajador.
Pámanes Escobedo: General, Diputado, Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa, Embajador, Gobernador de Zacatecas.
Fernando Amilpa: Diputado, Senador, Secretario General de la CTM.
León García: Diputado, Senador, Funcionario del PRM, Coordinador en la Secretaría de Agricultura.
Leyva Velázquez: Diputado, Senador, Presidente del PRI, Gobernador de Sinaloa.
E. Estrada: Diputado, Senador, Director de los Ferrocarriles, Gobernador de Zacatecas.
Sánchez Piedras: Diputado, Gobernador de Tlaxcala.
Aranda Osorio: Juez, Embajador, Diputado, Senador, Gobernador de Chiapas.
A. Chávez: Senador, Gobernador de Chihuahua.
Fidel Velázquez: Secretario General de la CTM, Senador.
F. Medrano: Funcionario del PRM, Diputado, Senador.
F. Hireta: Comandante en varias zonas militares, Gobernador de Michoacán, Senador.
J. Vivanco: Senador, Tesorero, Secretario General, y Gobernador de Nuevo León, Director del Programa Nacional Fronterizo.
Luque Loyola: Diputado, Senador, Gobernador de Querétaro.
M. Aguilar: Gobernador de Tamaulipas, Funcionario del PRI, Senador.
Novelo Torres: Oficial Mayor, Tesorero y Gobernador de Yucatán, Senador, Director de Conasupo.
Trueba Urbina: Juez, Consejero de la Presidencia, Diputado, Senador, Gobernador de Campeche.
T. Borunda: Diputado, Senador, Secretario General del PRI, Gobernador de Chihuahua.
Serrano Castro: Juez, Senador, Subsecretario del Trabajo, Subdirector de Pemex.
J. Yurén: Diputado, Funcionario del PRI, Senador.
L. I. Rodríguez: Diputado, Gobernador de Guanajuato, Presidente del PRM, Embajador, Senador.
López Avelar: Diputado, Gobernador de Morelos, Senador.
R. Gárate: General, Diputado, Senador, Jefe Militar y de Policía, Gobernador de Tamaulipas.
De la Torre Grajales: Diputado, Funcionario del PRI, Senador, Oficial Mayor y Subsecretario del Patrimonio.
Castillo Tiéleman: Funcionario del PRI, Senador, Gobernador de Chiapas.
Dupré Ceniceros: Diputado, Senador, Gobernador de Durango.
C. Maldonado: Diputado, Funcionario del PRI, Senador, Gobernador de Guerrero.
Gómez Z.: Senador, Secretario del Sindicato Ferrocarrilero, Funcionario del PRI, Director de la COVE y de Ferrocarriles Nacionales.
R. Topete: Tesorero General de Veracruz, Diputado, Senador.
Guzmán Cárdenas: Comandante Militar, Senador, Funcionario del PRI.
C. Madrazo: Diputado, Gobernador de Tabasco, Presidente del PRI.
Maldonado: Diputado, Funcionario del PRI, Gobernador de Baja California.
Leyva Mancilla: Oficial Mayor de la Secretaría de Defensa, Gobernador de Guerrero, Senador.
Sánchez Vite: Diputado, Senador, Presidente del PRI, Gobernador de Hidalgo.
Bautista O’Farrill: Diputado, Senador, Gobernador de Puebla, Senador.
Loret de Mola: Diputado, Gobernador de Yucatán.
Llorente González: Rector de la Universidad de Veracruz, Diputado, Senador, Subsecretario del Trabajo, Delegado del DF.
Murillo Vidal: Diputado, Senador, Secretario General de la CNOP, Gobernador de Veracruz, Director de Correos y Telégrafos.
L. M. Farías: Diputado, Senador, Oficial Mayor de Turismo, Gobernador de Nuevo León.
Ruffo Figueroa: Diputado, Senador, Gobernador de Quintana Roo.
Flores Tapia: Senador, Funcionario del PRI, Secretario de la CNOP, Gobernador de Coahuila.
Fernández Albarrán: Funcionario del PRI, Senador, Gobernador del Estado de México.
Guzmán Orozco: Diputado, Senador suplente, Funcionario del PRI, Secretario de la CNOP, Subsecretario de Salubridad.
O. Hernández: Diputado, Oficial Mayor de Obras Públicas, Secretario General del Departamento del DF.
M. L. Guzmán: Diputado, Senador, Embajador.
F. Hernández Hernández: Diputado, Senador, Secretario General de la CNC.
Rubén Figueroa: Diputado, Senador, Gobernador de Guerrero.
Franco Rodríguez: Diputado, Senador, Gobernador de Michoacán, Subprocurador General de la República.
E. Perdomo: Diputado, Gobernador de Morelos, Senador. Flores Curiel; Jefe de policía del DF, Senador, Gobernador de Nayarit.
Morales Blumenkron: Diputado, Senador, Gobernador de Puebla.
A. Toxqui: Diputado, Funcionario del PRI y de la CNOP, Senador, Gobernador de Puebla.
Nava Castillo: Diputado, General, Secretario de la CNOP, Gobernador de Puebla.
Olivares Santana: Diputado, Gobernador de Aguascalientes, Secretario General del PRI, Director del Banco de Obras y Servicios Públicos.
R. Estrada: Diputado, Senador, Ministro de la Suprema Corte.
G. Vázquez; Diputado, Jefe del Departamento Agrario. L. Ortega: Diputado, Subsecretario de Ganadería, Secretario General y Presidente del PRI.
Jonguitud Barrios: Secretario del Sindicato de Maestros, Director del ISSSTE, candidato a Gobernador.
L. H. Ducoing: Diputado, Funcionario del PRI, Gobernador de Guanajuato.
García Ramírez: Procurador del DF, Subsecretario del Patrimonio y de Gobernación.
Sansores Pérez: Diputado, Senador, Presidente del PRI, Gobernador de Campeche.
González Guevara: Diputado, Secretario General del PRI, Subsecretario del Patrimonio, Secretario General del Departamento del DF.
El lector habrá observado que este grupo de funcionarios es aún más heterogéneo que los previos, figurando en él desde personas que seguramente tienen un capital considerable hasta otras cuya fortuna debe ser mucho más modesta. Empero, creemos que aun en él predominan quienes dependen fundamentalmente tanto del excedente de sueldo que reciben —respecto al valor de la fuerza de trabajo—, como de los rendimientos de su capital. Conservadoramente podría estimarse que al menos las tres cuartas partes de los funcionarios considerados deben ser burgueses.

Nos hace pensar tal cosa los hechos siguientes:

—De las personas antes consideradas, alrededor de 60 exhiben una larga carrera —en general de más de 18 a 20 años de servicios— lo que quiere decir que todas ellas han dispuesto de muy altos ingresos durante buena parte de su vida activa;
—35 de ellas, en particular, han ocupado al menos tres puestos importantes, tales como senador, subsecretario, presidente del PRI y gobernador lo que por sí solo los coloca en una alta posición social;
—48, además de haber ocupado otros puestos, fueron gobernadores, los que generalmente no son, por cierto, pobres. Pero suponiendo que, digamos 8 a 10 de ellos no tuviesen dinero, quedarían todavía 40 para incluirse entre los más afortunados.
—73 fueron senadores y 63 diputados, cargo que en muchos casos es el punto de partida de una carrera política importante, en la que, por otro lado, 88 de los funcionarios considerados —o sea más del 90%— contó con algún puesto de elección popular.

36 personas fueron funcionarios muy importantes en el PRI, lo que parecería indicar que la presencia en la dirección del partido oficial tiene sin duda significación en la carrera de los “políticos” del gobierno. De esos 36, probablemente 20 a 22 fueron, en un momento dado, muy influyentes. 16 actuaron en la Suprema Corte de Justicia, 15 en el ejército y/o la policía y 10 en una u otra dependencia del Departamento del DF.

El origen social de las personas aquí consideradas es muy diverso. En general proceden de familias urbanas, en su mayor parte de las capas medias. Casi todos tienen preparación superior, y muchos, propiamente universitaria. Una pequeña proporción procede de familias burguesas, lo que revela que su origen es muy diferente del de sus hijos, que ya han nacido en medio del bienestar. Salvo excepciones, los funcionarios de que hablamos no se vinculan directa y públicamente a la empresa privada. Lo hacen más bien a través de terceros, y entre ellos hay probablemente muchos que poseen fincas rurales y predios y edificios, así como inversiones en valores urbanos.

Un tercer grupo o nivel de funcionarios políticos podría estar constituido por quienes, sin haber sido, en general, tan importantes como los anteriores, ocuparon en los últimos decenios cargos de gobernador, senador, ministro de la Suprema Corte, embajador, comandante militar, etcétera, y a los que fundadamente podría suponerse también un alto nivel de ingreso y de vida, y considerárseles parte de la dirección del aparato estatal.

Es difícil saber cuántas personas pudieran incluirse aquí; pero acaso no sería exagerado estimar unos 75 a 80 ministros de la Suprema Corte, 300 senadores, 180 gobernadores, 150 a 200 diputados y otros tantos entre embajadores y funcionarios militares de nivel relativamente alto, lo que conservadoramente haría un total de unas 900 a 1 000 personas.

Ministros y senadores
Por lo que hace, por ejemplo, a ministros de la Corte, podría recordarse a los siguientes:

F. H. Ruiz: Juez de Distrito, Secretario General y Gobernador Interino de Jalisco; 12 años de Ministro de la Corte.
H. López Sánchez: Juez, 16 años de Ministro.
R. Asiain: Magistrado del Tribunal del DF, Ministro (5 años).
Islas Bravo: Diputado, Ministro (10 años).
F. de la Fuente: Magistrado del DF. Ministro (17 años). A. F. Ramírez: Diputado, Ministro (18 años).
Mendoza González, Embajador, Oficial Mayor de Relaciones, Ministro (28 años).
Franco Carreño: Ministro (20 años).
Pardo Aspe: Ministro (7 años).
Rebolledo Fernández: Magistrado del DF, Ministro (20 años).
Olea y Leyva: Magistrado del DF, Ministro (17 años).
F. de J. Tena: Funcionario en las Secretarías de Agricultura y Gobernación, Ministro (12 años).
Díaz Infante: Magistrado del DF, Gobernador Interino de Guanajuato, Ministro (9 años).
Rojina Villegas: Juez de Circuito, Ministro (10 años).
Castro Estrada: Subsecretario de Agricultura, Ministro (16 años).
Rivera Silva: Juez, Ministro (15 años).
José Rebolledo: Ministro (11 años).
Tena Ramírez: Ministro (19 años).
R. Estrada: Senador, Ministro (11 años).
Salmorán de Tamayo: Ministro (13 años).
H. Medina: Subsecretario de Relaciones, Senador, Ministro (18 años).
J. Iñarritu: Ministro (10 años).

En los últimos tres decenios destacan como presidentes de la Suprema Corte, principalmente Salvador Urbina, Santos Guajardo, Hilario Medina, Agapito Pozo y Guzmán Neira.

Entre los senadores, probablemente un centenar de ellos, aparte de haber tenido cierta significación como tales, ocupan otras posiciones de interés, a menudo, por ejemplo, son previamente diputados o colaboran en dependencias del Ejecutivo o en empresas estatales.

Omitiendo a los ya incluidos en otros grupos —o sea a quienes además de ser senadores tuvieron otros muy altos cargos—, podría mencionarse a los siguientes:

Campeche: Pedro de Alba, Aquiles Elorduy, Moreno Sánchez, De Lara Isaacs y M. A. Barberena.
De Aguascalientes: Guerrero Martínez, Trueba Urbina, Lanz Duret y Lavalle Urbina.
Chiapas: Araujo, Suárez Coello, Serrano Castro y Sabines Gutiérrez.
Chihuahua: Prado, Alfredo Chávez, León Uranga, Gutiérrez Hernández.
Coahuila: Martínez Chavarría, J. B. Treviño, Cárdenas Huerta, Barrera Fuentes y Fernández Aguirre.
Colima: Velasco Curiel y Ruiseco Avellaneda.
Distrito Federal: C. I. Serrano, Martín Luis Guzmán, J. Gamboa Pascoe.
Durango: Terrones Benítez, Salvador Gamiz y Carlos Real.
Guanajuato: Celestino Gasca, López Lira y Pérez Vela.
Guerrero: Nabor Ojeda, E. Martínez Adame y C. Román Célis.
Hidalgo: Lugo Guerrero, Alfonso y Oswaldo Cravioto y Germán Corona del Rosal.
Jalisco: Ramírez Valadez, Rubalcaba y García Paniagua.
México: Ruiz Castañeda y Pérez Ríos.
Michoacán: Soto Reyes, J. Trinidad García, Vázquez Pallares e Hinojosa Ortiz.
Morelos: Neri Arismendi, Aragón Rebolledo y Rivera Uribe.
Nayarit: E. B. Calderón y Alfonso Guerra.
Nuevo León: Arteaga Santoyo, Tamez, Elizondo y M. Gómez Sada.
Oaxaca: Magro Soto, Melgar, Brena Torres, Ruiz Vasconcelos y Suárez Torres.
Puebla: Lecona, Manjarrez y Bravo Izquierdo.
Sinaloa: Bon Bustamante, Jesús Célis y Calderón Velarde.
Sonora: Terminel, Bay, Martínez Peralta, Palomares, Acosta, Maldonado.
Tabasco: Taracena, Rovirosa Pérez, Gutiérrez Gurría y González Pedrero.
Tlaxcala: Ávila Bretón, Osorio Ramírez y Bonilla Vázquez.
Tamaulipas: Gárate, J. M. Terán y Cárdenas González.
Veracruz: Cándido Aguilar, Diaz Muñoz, Rodríguez Clavería.
Yucatán: Palomo Valencia, Brito Rosado, Mediz Bolio, Medina Alonso, Mena Brito y Manzanilla Schaffer.
Zacatecas: E. Estrada, Brígido Reynoso, Caloca, Magdaleno y Rodríguez Elías.

Algunos gobernadores
Entre los gobernadores que en general no han ocupado puestos de mayor relieve, predominan también aquellos a quienes por su origen o por su alto nivel de ingresos y de vida, se supone un capital considerable. Ante la imposibilidad de referirnos siquiera a cincuenta o sesenta de ellos, recordaré tan sólo a algunos de los del noroeste, y a los de otras cuatro o cinco entidades federativas.

En Baja California, por ejemplo, el gobernador Alberto Aldrete fue un hombre de negocios propietario de la. cervecería Tecate y de otras empresas; Eligio Esquivel fue, por muchos años, alto funcionario de Recursos Hidráulicos, además de dirigir la construcción de la presa Morelos y de otras grandes obras, y a Castellanos y De la Madrid, se les tiene públicamente por hombres ricos.

En Sinaloa, siempre se asoció al gobernador Sánchez Célis y en menor escala al propio Valdés Montoya a los grandes agricultores y se tuvo tanto a Loaiza como a Pablo Macías y a Aguilar Pico por hombres prósperos. En Sonora, prácticamente todos los gobernadores de los últimos 40 o 50 años han sido personas de alta posición social y cuya vinculación con la actividad privada fue en general pública y por tanto conocida. Rodolfo Calles fue un prominente agricultor del Yaqui y representante de la General Motors; Ramos fue propietario de diversos negocios; Gutiérrez Cázares y Yocupicio fueron conocidos terratenientes. El caso de Macías Valenzuela fue similar. Sobarzo tuvo siempre una buena posición y colaboró muy de cerca con Abelardo Rodríguez en cuyo gobierno fue secretario general. Ignacio Soto fue industrial, Obregón Tapia ha estado siempre ligado a la agricultura y a diversas empresas comerciales e industriales; a Encinas se le supone una muy buena posición económica y Félix Serna además de estar ligado a 4 o 5 periódicos en el estado [14] tiene intereses en fraccionamientos y, según la prensa, tan sólo por algunas tierras que le fueron expropiadas en 1976, recibió una indemnización de 27 millones de pesos. En cuanto a Biebrich, el propio gobierno lo acusó de malos manejos de fondos, al margen de lo cual lo cierto es que el exfuncionario, de origen social al parecer muy modesto, se ligó estrechamente al pequeño grupo de viejas y ricas familias de Sonora.

Entre los senadores de las últimas décadas tal sería el caso de Terminel, Alejo Bay, Maldonado y otros, pues sólo este último fue uno de los más ricos ganaderos del norte del estado, pudiendo añadirse que los tesoreros generales del gobierno, a menudo han sido también prominentes empresarios como Santos Gutiérrez y Tomás Oroz, todo lo cual confirma la estrecha y a menudo incluso permanente relación de los funcionarios públicos con uno u otro tipo de actividad privada.

Lo anterior valdría para otros funcionarios, quienes a menudo provienen también de las capas más altas. Los gobernadores Prado, Soto Maynes, Giner y Borunda, de Chihuahua, así como Torres Sánchez, Velázquez, Dupré Ceniceros y Páez Urquidi, de Durango, fueron y son hoy también personas con una envidiable posición social.

Elizondo llegó al gobierno de Nuevo León sin ocultar su estrecha relación profesional y de negocios con la empresa privada regiomontana; Arturo de la Garza fue un conocido ganadero, y se atribuye además una posición también muy holgada a Rangel Frías y Eduardo Livas. Ramón Cepeda, Raúl Madero y Eulalio Gutiérrez, los tres gobernadores de Coahuila, mantienen estrechas y públicas relaciones con diferentes actividades privadas, y el actual, Flores Tapia no queda a la zaga: recientemente en una entrevista dijo: "[..] el presupuesto me asigna $45 000.00 [...] al mes pero [...] tengo unas vacas y unos puercos que me dan $15 000.00 diarios [...]”. [15]

En Veracruz, Rebolledo y M. A. Muñoz proceden de familias con una alta posición social; pero aun a Quirasco —de clase media y a quien se tiene por un funcionario honorable— y sobre todo a Jorge Cerdán, López Arias y el actual gobernador Hernández Ochoa, cuyo origen social es modesto, se les considera también propiamente burgueses.

En Puebla, probablemente llegaron ya al gobierno con muy buena posición Gonzalo Bautista, Merino Fernández y Moreno Valle, el que probablemente fue también el caso de Gonzalo Santos y Rocha en San Luis, de González Cosío en Querétaro, de Baz, Hank González y Jiménez Cantú en el Estado de México y de Fernández Manero, Trujillo Gurría y Trujillo García en Tabasco. En fin, los gobernadores de Chiapas —R. P. Gamboa, Esponda, Grajales, Aranda Osorio, Castillo Tiéleman, Velasco Suárez y J. de la Vega—, se consideran también en general de posición económica muy desahogada.

Los diputados
La situación de los diputados no es idéntica a la de los funcionarios anteriores. De cerca de 1 500 correspondientes a los últimos decenios, probablemente unos ciento y pico ascendieron a puestos muy importantes, sobresaliendo entre ellos 60 a 70 que, con otros que no hicieron carreras tan destacadas, ejercieron en la Cámara gran influencia. Podría mencionarse, verbigracia, a los siguientes:

Aguascalientes: Gómez Villanueva y Olivares Santana. Campeche: Trueba Urbina y Sansores Pérez, que también fue diputado del DF.
Chiapas: R. P. Gamboa y Edgar Robledo, que además fue director del ISSSTE y de la FSTE.
Chihuahua: T. Borunda y M. B. Aguirre.
Coahuila: López Sánchez, López Serrano, Berrueto Ramón y Fernández Aguirre.
Colima: Robles Martínez.
DF: F. Amilpa, Yurén, Martínez Domínguez (también diputado por Nuevo León), Sánchez Madariaga, Carrillo Marcor, M. Andrade del Rosal, Sánchez Mireles, Martínez Corbalá, Ramírez y Ramírez y otros.
Durango: Braulio Meraz Nevarez.
Guanajuato: Medrano y López Bermúdez.
Guerrero: Ochoa Campos y Rubén Figueroa.
Hidalgo: Lugo Guerrero, Corona del Rosal y Sánchez Vite.
Jalisco: Galindo Ochoa, Partida Hernández, Ramírez Valadez, Romero de Velasco.
México: Fernández Albarrán, Sentíes y M. Colín. Michoacán: Bravo Valencia y Arriaga Rivera.
Nuevo León: M. García Flores y González Sáenz. Oaxaca: Norberto Aguirre, Alavez Flores, Henestrosa. Puebla: Blas Chumacero, Ricardi Tirado, Gueto Fernández.
Querétaro: Luque Loyola.
San Luis Potosí: Antonio Rocha, Martínez de la Vega. Sinaloa: Leyva Velázquez, Sánchez Célis, Álvarez Nolasco. Sonora: Martínez Peralta, Saldívar, A. Arellano. Tabasco: Agapito Domínguez, Trujillo García. Tlaxcala: Hernández y Hernández, Sánchez Piedras. Veracruz: Murillo Vidal, Díaz Muñoz.
Yucatán: Brito Rosado, Manzanilla Schaffer.
Zacatecas: Leobardo Reynoso, Minero Roque, Pámanes Escobedo.

Entre los diputados se observan varios niveles bien definidos: uno es, por ejemplo, el de quienes llegan a la Cámara siendo ya más o menos ricos y sin que a partir de ahí hagan una carrera política. Se trata, en general, de profesionistas destacados, agricultores, ganaderos u otros empresarios, que, salvo los tres años que son diputados, el resto de su vida lo dedican a la actividad privada. Otro es el de quienes hacen una carrera muy importante que a menudo empieza y a veces concluye con una curul. Otro más el de quienes adquieren el carácter de diputados profesionales, ocupando el cargo dos, tres y aun cuatro veces, lo que en general los vuelve sin duda influyentes en la Cámara; otro el de quienes destacan durante su periodo, pero a partir del cual no tienen ya mayor significación, y otro el de quienes cumplen discreta y aun mediocremente con el encargo, tras el cual pasan a alguna tarea modesta generalmente ligada al Ejecutivo.

En los últimos treinta o cuarenta años casi no ha habido diputados que, como tales, sean muy prominentes. Probablemente ello obedece a que, en rigor, no hay vida propiamente parlamentaria y a que, en la práctica, la Cámara no cumple las funciones que la Constitución le asigna empezando por la de hacer las leyes. Habitualmente éstas proceden del propio Ejecutivo, limitándose el Congreso a aprobarlas o en todo caso a hacerles alguna enmienda. Los diputados que más destacan no son, en tal virtud, necesariamente los juristas o tribunos más capaces sino casi siempre los más ligados al Presidente o algún otro alto funcionario, y quienes dirigen la Cámara y en particular la representación del PRI, lo que fundamentalmente supone apoyar al Ejecutivo, asegurar al Estado una base social amplia y cuidar que el sistema de control de las organizaciones de masas funcione del mejor modo posible.

No obstante el escaso relieve de la tarea propiamente legislativa y de que la mayor parte de los diputados no participa realmente en la toma de las más altas decisiones, se sabe que abundan aquellos que gozan de una posición económica muy desahogada y que, a menudo, aun muchos de los que proceden de capas medias, de ciertos sectores de la pequeña burguesía rural y urbana y aun del propio movimiento obrero, al cabo de pocos años mejoran grandemente su posición económica. Desde luego, parece indudable que también muchos de los diputados más importantes podrían considerarse burgueses o al menos personas que, al llegar a ese escalón en su carrera, se enfilan claramente hacia tal objetivo. Aun así, de los funcionarios hasta aquí considerados es entre los diputados donde a la vez se encuentra a los más modestos, aunque a últimas fechas sus sueldos y prestaciones se han elevado incluso por encima de los niveles correspondientes a profesionistas e intelectuales altamente calificados.

Sería difícil, con los pocos elementos a nuestro alcance, estimar la proporción de diputados a la que pudiera considerarse propiamente burguesa. Pero considerando que los más prominentes casi siempre lo son, que tal es también el caso de quienes llegan ya en una alta posición, que algunos empiezan a hacer dinero precisamente desde una curul y que entre los pocos diputados de Acción Nacional hay una alta proporción de burgueses, parecería razonable pensar que, aun en la Cámara baja, probablemente alrededor de la mitad o inclusive más, tengan tal condición, junto a muchos otros que pertenecen a capas medias acomodadas. En todo caso, la mayor parte de los diputados participa, más que en los altos mecanismos desde los cuales se dirige el aparato estatal, en los cuerpos fundamentalmente burocráticos que, con fines de legitimación y control, maneja el gobierno.

Entre los diputados, por último, aunque en un sentido estricto no se producen a menudo discrepancias políticas que afloren en el debate parlamentario o trasciendan a la calle, es indudable que, dada la más compleja composición de clase y la presencia de ciertos elementos pequeñoburgueses y procedentes de capas medias modestas e incluso  de origen realmente proletario, se advierten contradicciones que fundamentalmente se expresan en el plano ideológico, aunque a veces también, las posiciones verbalmente más radicales de algunos dirigentes, más que expresar una oposición real a la burguesía son valores entendidos y aun giros demagógicos que buscan quitar banderas a la izquierda, pues de ganar ésta terreno entrañaría una amenaza para la clase en el poder.

Militares, diplomáticos y presidentes municipales
En cuanto a los militares y diplomáticos, el examen realizado fue muy inicial e insuficiente. Cubrió, empero, la carrera de más de cien personas y permitió hacer observaciones análogas a las ya comentadas. Entre los militares de más alto rango, y concretamente entre los generales de división y de brigada, desde los años veinte, como se sabe, empezó a darse el caso de que muchos modestos revolucionarios de la década anterior se convirtieran en prósperos funcionarios. El que la alta oficialidad del ejército jugara entonces un papel muy importante en la vida política del país, facilitó ese proceso. Después de la Segunda Guerra los militares fueron casi totalmente sustituidos por funcionarios civiles, pero siguieron desempeñando un papel importante en la dirección del ejército, en la operación de las principales zonas militares y en otras comisiones.

Podría mencionarse a muchos con una alta posición social y económica, empezando con los generales que en los últimos decenios fueron secretarios de la Defensa: Figueroa, Ávila Camacho, J. A. Castro, Macías Valenzuela, Cárdenas, Urquizo, Limón, Ramos, Olachea, García Barragán Cuenca Díaz y Galván López. A ellos habría que añadir no menos de 80 a 100 generales más o menos prominentes, entre quienes podría recordarse a Acosta, Amaro, Rodríguez, Manzo, Rafael y Maximino Ávila Camacho, Corral, Áureo Galles, Cedillo, Almazán, Henríquez Guzmán, Natera, Bravo Izquierdo, Mange, Estrada, Rodríguez Familiar, Hernández Cházaro, Ríos Zertuche, Azcárate, Ortiz, Guerrero, Guzmán Cárdenas, Corral, Guinart, Salinas Leal, Ireta, Célis, Mijares Palencia, Nava Castillo, Orrico, Beteta, López de Nava, Gárate, Sánchez Hernández y muchos otros. Pero más que una lista interminable, lo que interesa es subrayar que, probablemente salvo contadas excepciones, casi todos los generales mexicanos de los últimos decenios han sido más o menos prósperos, y lo mismo podría decirse de la mayor parte de los almirantes y vicealmirantes de la Marina.

Lo que acontece con muchos diplomáticos, principalmente de aquellos con largas carreras y que han sido embajadores en los país y organismos internacionales más importantes, parecería similar. Aquí también hay decenas de personas cuya ubicación social y económica no suscitaría mayores dudas, pues además de que muchos llegan a esos puestos siendo ya ricos, otros, aun de aquellos que eran de extracción modesta, sobre todo cuando hacen carreras importantes acaban teniendo una muy buena posición. Probablemente tal sería el caso de Padilla Nervo, Tello, De la Colina, Quintanilla, Guerra, Rosenzweig, García Robles, Icaza, Castañeda, Castro Valle, Molina Pasquel y desde luego de diplomáticos de nuevo cuño como Barrios Gómez, que ya tenían dinero al entrar al servicio.

Incluso en el nivel de las presidencias municipales es evidente el peso de la burguesía, lo que es significativo pues si bien el municipio no es como suele decirse demagógicamente la base del sistema político mexicano, los municipios más ricos tienen indudable importancia económica y política. Como en los demás casos, podría aquí mencionarse a centenares de personas que, siendo muy activos en la empresa privada, a la vez han ocupado cargos municipales de importancia. Seguramente ello ha sido así sobre todo en los estados del norte, en Veracruz, Puebla, Guanajuato y otros. A. Bermúdez, por ejemplo, fue tesorero de Ciudad Juárez y Román Cepeda alcalde de Torreón. En el noroeste, los conocidos empresarios Canuto Ibarra y José Gallego fueron a su vez presidentes, respectivamente, de Los Mochis y Mexicali. Y estos no son casos excepcionales o infrecuentes. La situación de Sonora, que quien esto escribe conoce más de cerca por ser sonorense, es todavía más reveladora, ya que de hecho no hay una ciudad de cierta importancia cuyo ayuntamiento no haya estado dirigido en el último cuarto de siglo incluso por algún prominente miembro de la burguesía. En Ciudad Obregón fueron presidente Manuel Escamilla, Rodolfo E. Calles, René Gándara, Faustino Félix, Javier Bours, Antillón y otras personas de la más alta posición social. En Guaymas lo han sido Zaragoza, Iberri, Zaragoza Iberri, Bárcenas, Ramonet, Fourcade y otros cuyo solo nombre bastaría para dar cuenta de su origen y condición. César Gándara y Roberto Astiazarán, ambos destacados empresarios, fueron presidentes de Hermosillo. Alejo Aguilera, González Agraz, R. J. Almada y Luis Salido lo fueron, a su vez, de Navojoa; Romo Ruiz, Karam, Santini e Ibarra de Huatabampo, y así sucesivamente.

Hasta aquí, por lo que se refiere propiamente al gobierno, y ¿qué decir de los llamados aparatos ideológicos del Estado? ¿se da en ellos a diferencia de lo que ocurre en aquél y en las grandes empresas estatales, una situación en la que los puestos de mando sí estén controlados por las clases populares? De ninguna manera. La prensa, la radio, la televisión, el cine, la publicidad, la fabricación misma de las noticias, la dirección de las principales universidades e institutos tecnológicos, de las fundaciones culturales y de los centros de investigación científica de mayor importancia, la organización nacional del deporte —recuérdese por ejemplo al Gral. Clark Flores y al ahora prominente inversionista Vázquez Raña—, e incluso muchos de los más altos puestos eclesiásticos están en manos o al menos funcionan bajo la influencia decisiva de la burguesía y con frecuencia incluso de poderosos grupos oligárquicos, como sucede con la cadena de radio y televisión denominada Televisa, todo lo cual comprueba que la tesis de que la burguesía mexicana, pese a su innegable poder económico no ejerce el poder político ni menos todavía dirige el aparato del Estado es, por lo menos, una tesis infundada y que no se compadece con la realidad.

Soy consciente de que el tema aquí abordado es complejo y digno de mayor estudio, pero lo que parece incuestionable es que, lejos de ser las fuerzas populares ―maestros y estudiantes, obreros, campesinos, artesanos y pequeños productores urbanos, soldados, profesionistas y técnicos procedentes de las capas medias de bajo ingreso— la que dirige el aparato estatal y concretamente el Gobierno, es la burguesía, cada vez en mayor medida y más claramente, la que no sólo ejerce el poder económico sino también la hegemonía política, pues son funcionarios burgueses quienes desde los principales puestos de decisión y mando en el sistema, y en particular en la estructura económica, administrativa, social, cultural, ideológica y política del Estado, definen el rumbo, la estrategia y aun las formas concretas de la acción a partir de la cual se reproducen las relaciones de producción y se salvaguardan los intereses de la clase dominante y sobre todo de su fracción propiamente oligárquica.

Hacer del dato burocrático el eje y el elemento definidor del carácter de la dirección del Estado, soslayando y aun haciendo caso omiso del contenido de clase de quienes ejercen esa dirección, parece un serio error. En mayor o menor medida, en todo Estado moderno hay una organización burocrática, de tal modo vasta, compleja y tupida que a veces oculta las relaciones sociales y los intereses de clase subyacentes que la determinan. En los niveles inferiores y medios, sobre todo en la esfera administrativa, el personal del Estado parece constituido por filas interminables de burócratas. Incluso en los estratos superiores hay funcionarios de carrera que tras largos años de servicios se convierten también en cierto modo en burócratas profesionales. Mas sin dejar de reconocer que este hecho es digno de examen, lo cierto es que a medida que se eleva la posición social y económica de un funcionario, aun de aquellos que se antojan más burocráticos, el interés de clase se vuelve dominante y determina sus principales formas de comportamiento. ¿Por qué? Porque para llegar a ser burgués es preciso acumular capital y para seguirlo siendo es necesario incrementar ese capital, que no es sólo o siquiera principalmente una suma de dinero o un acervo de medios de producción sino una relación social que directa o indirectamente descansa en la explotación de los trabajadores.

Asignar a los funcionarios burgueses del Estado el carácter de mera burocracia, incluso si ello sólo se refiriera a quienes pudieran considerarse burócratas profesionales o a quienes hacen fortuna ilícitamente a la sombra de su puesto, sería a nuestro juicio parcial y desacertado, y llevaría a no comprender la compleja dinámica de la relación Estado-burguesía.

El que ésta, además de clase dominante, sea también clase gobernante, no significa desde luego que todos los burgueses tengan directamente algo que hacer en el aparato del Estado ni que todo el personal burocrático sea burgués. Así como no ver a la burguesía por ningún lado es sospechoso, verla en todas partes sería también inaceptable y erróneo. Nuestra afirmación intenta solamente establecer que la dirección del aparato estatal no está en manos del pueblo, ni tampoco de una burocracia política cuyo contenido de clase sea fundamentalmente no burgués. Lo que, de paso, tampoco significa que sea correcto ignorar o menospreciar a los elementos no burgueses que, sobre todo en niveles medios y bajos, están sin duda presentes.

Y ¿ no será que, como algunos señalan, se trata más bien de una burguesía especial, propiamente burocrática y por tanto diferente del resto de la clase dominante? En un próximo artículo trataremos de avanzar en el examen de la relación entre el Estado y el capital monopolista, lo que nos permitirá comprender mejor el papel que los funcionarios burgueses del Estado y éste en su conjunto, juegan respecto a los diversos segmentos de la clase dominante y en particular frente a la oligarquía. Pero lo que puede anticiparse es que el Estado no es un estanco y menos una fortaleza amurallada. Si bien a través de él se ejerce el poder, en su seno se expresan complejas relaciones y por tanto inevitables contradicciones, unas antagónicas y la mayor parte de ellas no antagónicas, pero aun así significativas y dignas de atención.

La idea de una burguesía puramente burocrática parece teóricamente incorrecta y no se compadece, además, con la realidad. A nuestro juicio más bien podría hablarse de una burocracia burguesa, si lo que se quiere es definir el carácter de clase de la alta burocracia. Pero lo fundamental es comprender que la burguesía, como las demás clases, se define esencialmente de acuerdo a su relación con el proceso económico y concretamente con el proceso productivo.

Los funcionarios burgueses que dirigen el aparato estatal no constituyen como lo sugiere el término una “burguesía burocrática” una fracción determinada y bien definida de la clase dominante. Como hemos tratado de demostrarlo, si bien el Estado y concretamente el Gobierno suelen ser una fábrica de burgueses, es difícil y hasta imposible encontrar a un rico funcionario que sólo se mueva en el marco, en el seno de la burocracia, pues apenas tiene dinero inevitablemente se convierte, de un modo u otro, en propietario, rentista o inversionista, y por tanto en parte integrante de la burguesía propiamente dicha. Sin caer en un burdo instrumentalismo, lo cierto es que las diversas fracciones de la clase dominante ejercen influencia en la conducción del aparato estatal, y si bien esa influencia es siempre cambiante, el peso de la oligarquía tiende a ser decisivo y cada vez mayor. Lo que por cierto tampoco significa que la subordinación del Estado sea total y mecánica, pues incluso bajo el capitalismo monopolista de Estado, éste conserva como se sabe cierta autonomía relativa.

Sería también un error pensar que por no constituir en un sentido estricto una fracción de la clase dominante, los funcionarios del gobierno son idénticos a los empresarios privados y nada hay que distinga a unos de otros. La burguesía no es homogénea ni menos monolítica. En su seno hay diversas fracciones e intereses que, naturalmente, no son por fuerza los mismos. Entre quienes defienden la intervención del Estado y la "libre empresa” suele haber diferencias de opinión y aun contradicciones de distinto alcance. Incluso entre los propios funcionarios del Estado hay posiciones políticas discrepantes sobre determinados asuntos. Pero lo que no es menos cierto es que, frente a lo acontecido en los últimos treinta o cuarenta años, nadie podría reivindicar ya, con algún fundamento, la vieja tesis según la cual en México gobierna una burguesía nacional, progresista y antimperialista, capaz de asegurar al país un desarrollo verdaderamente independiente. La presencia de corrientes liberales y reformistas apoyadas en ciertos elementos pequeñoburgueses y procedentes de las capas medias y del movimiento obrero, y aun en elementos burgueses que suelen ejercer bastante influencia, es un hecho que conviene tener en cuenta. Pero tal hecho, más que determinar un tipo especial o suigeneris de Estado, influye sobre su forma de funcionamiento. Pero de estas cuestiones nos ocuparemos en otro artículo.

NOTAS:
* Publicado en el número 27 de la revista Estrategia, mayo-junio de 1979.
[1] VIII Asamblea Nacional Ordinaria del PRI. Plan Básico de Gobierno 1976-82. México, 1976, pp. 8 a 10.
[2] Ibid., p. 9.
[3] E. Ramírez y Ramírez. “El PRI, la lucha por una nueva sociedad”. Línea. No. 5, septiembre-octubre de 1973, pp. 34-35.
[4] Secretariado Técnico del Consejo Consultivo del PRI (IEPES). Proyecto de país al que aspiramos. Ideario programático, 1976-82. (Mimeo), pp. 158 a 160.
[5] Autores varios. Pensamiento empresarial mexicano. México, 1974, p. 33.
[6] Entrevista en unomásuno, 26 de marzo de 1979.
[7] Carlos Sirvent, “Burocracia y clases sociales”, en Las clases dirigentes en México. México, 1973, p. 17.
[8] “La estructura del Estado mexicano, su creciente participación en la economía, las funciones que cumple la burocracia política como representante del interés nacional, y sobre todo, la falta de una base social amplia por parte de estas fracciones de la burguesía, impiden que ellas logren la hegemonía política”. Mario Huacuja R. y José Woldenberg. Estado y lucha política en el México actual. México, 1976, p. 211.
[9] Supongamos que un alto funcionario gane 60 mil pesos al mes. Pues bien, si el valor de su fuerza de trabajo, por tratarse de un técnico o profesionista de alto nivel, fuese, digamos, de 30 mil pesos, los 30 mil restantes corresponderían en realidad a una fracción de la plusvalía procedente de otros trabajadores. Y la situación sería más clara si tal diferencia, como ocurre frecuentemente, fuese de mayor magnitud que el sueldo correspondiente al valor de la fuerza de trabajo.
[10] Aun quienes sólo invierten en valores de renta fija y obtienen tasas de intereses anuales de poco más de 14% y no de 20%, 25% o 30%, como suele ocurrir con los accionistas y propietarios de muchas empresas, gracias a la dinámica del interés compuesto se enriquecen en pocos años. Una inversión inicial de un millón de pesos, por ejemplo, a los 5 años se convierte en dos, a los 10 en cuatro, a los 15 en ocho y a los 20 en dieciséis millones. Y tal es el rápido ritmo con que muchos inversionistas hacen sus fortunas.
[11] Cit. por Víctor Manuel Villaseñor, en Memorias de un hombre de izquierda. México, 1976, tomo 2, p. 475.
[12] Las fuentes principales a las que se acudió para conocer Jos puestos más importantes de los funcionarios aquí considerados fueron la Enciclopedia de México, el Diccionario Porrúa, el Diccionario Biográfico de México, los Directorios de la Administración Pública, Mexican Political Biographies 1935-1975, de Roderic Ai Camp y ¿Quién es Quién?... en México.
[13] Excélsior, del 5 de abril de 1970, comentó en su columna “Portafolios”: Gustavo Díaz Ordaz, “trabaja a todo vapor como es su costumbre. Constituyó tres compañías, las Habitat XXI, cada una de ellas dedicada a los ramos de diseño, construcción y promocional de la construcción”.
[14] El Sonorense, en Hermosillo; La Voz del Puerto, en Guaymas; Tribuna del Yaqui, en C. Obregón y El Informador del Mayo, en Navojoa, más uno que está por aparecer o acaba de salir en Nogales.
[15] Siempre, 21 de marzo de 1979

INDICE
PRESENTACIÓN
CAPITALISMO MONOPOLISTA DE ESTADO, SUBDESARROLLO Y CRISIS
Las relaciones de producción
Capital monopolista nacional  
Capital monopolista extranjero
El capital no monopolista
CAPITAL MONOPOLISTA Y EMPRESAS ESTATALES
¿Son ineficientes las empresas . estatales mexicanas?
Significación de las empresas estatales  
¿Por qué operan mal muchas empresas?
Mala administración y corrupción
Administración, corrupción y capitalismo
Función y razón de ser de las empresas estatales
TESIS BÁSICAS DE "ESTRATEGIA" SOBRE EL CAPITALISMO MEXICANO
EL ESTADO y LA BURGUESÍA
¿Burgueses de carne y hueso o meros burócratas?
Funcionarios en el área financiera
Otros altos funcionarios en la esfera económica
Los funcionarios en el área social
Los funcionarios políticos
Ministros y senadores  
Algunos gobernadores
Los diputados
Militares, diplomáticos y presidentes municipales
LA BURGUESÍA NO SÓLO MANDA, GOBIERNA
El Estado y el sistema de crédito
El Estado y la banca en México
La banca estatal  
El Banco de México
La Nacional Financiera
Grupo Somex;  
Financiera Nacional Azucarera
Grupo Banobras
Los bancos agrícolas oficiales
La relación bancos estatales/banca y empresas privadas
EL ESTADO Y LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN
"Economía mixta" o capitalismo monopolista
Características del GME en México  
La acción reguladora del Estado
La inversión y el gasto estatales
El Estado y el sistema financiero
DE NUEVO, SOBRE ALGUNAS UE NUESTRAS TESIS

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