INTRODUCCIÓN. Historias de un desencuentro. Luciano Concheiro Bórquez y María Tarrío García
Los trabajos que se reúnen en este libro son el resultado de diversas investigaciones sobre el proceso de privatización en el campo. Desde distintos ángulos, se tocan tanto las tendencias a nivel latinoamericano, como aspectos políticos, económicos y sociales, confluyendo en la conclusión de que el modelo neoliberal impuesto a principios de los años ochenta, muestra serias dificultades sino es que ya ha entrado en crisis y que en términos históricos, éticos y sociales representa un verdadero contrasentido, al que se le enfrentan varias tendencias y una multiplicidad interesante de sujetos pero bajo formas organizativas y de coordinación aun incipientes.
El estudio de la concepción y el papel que juega la privatización en la estrategia del modelo económico imperante, así como sus especificidades en el mundo rural, descubren una serie de historias generales y concretas de un gran desencuentro. Es obvio que la política e instrumentación de la privatización le dieron la espalda al campo y profundizaron la crisis estructural del sector agropecuario.
Pero quisiéramos subrayar también de entrada, que la privatización es un movimiento político, que se inspira en la exaltación de la racionalidad instrumental y los principios axiomáticos de la modernización para no solo intentar establecer nuevas relaciones de mercado, sino imponer un pensamiento que "representa el mas serio esfuerzo conservador de nuestros tiempos" (Starr, 1993: 27) y un nuevo poder político, que desconoce, concretamente en México, el contrato social surgido de la revolución, de la primera revolución agraria de nuestro continente.
La participación en este volumen de investigadores de diversas instituciones como la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y Azcapotzalco; el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México; del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas; así como directivos de organizaciones económicas campesinas como la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo; e integrantes de organizaciones civiles, nos permiten comparar y contrastar experiencias y percepciones, así como tener una visión de conjunto sobre el sentido y los efectos de la privatización, particularmente en el campo mexicano.

Entre virtudes privadas y vicios públicos
En un mundo al revés, el neoliberalismo presenta a la privatización como panacea ante la crisis, la convierte de un elemento estructurante de la política económica en una ideología, traducida ampliamente en campañas publicitarias, donde el dogma del libre mercado se enfrenta al Estado interventor.
El significado político de la privatización, para los gobiernos neoliberales, representó llanamente el cambio de todo lo público a lo privado en la producción de bienes y servicios, a la vez que una desregulación y profundos cortes al gasto, especialmente al gasto social. Pero mas allá, en la oleada de privatizaciones ha primado la idea de que estos procesos abren una contradicción total entre Estado y mercado, entre lo público y lo privado, cuando en realidad la esfera pública incluye tanto la política como el mercado y por ello, no se circunscribe necesariamente a lo gubernamental.
De igual forma, para los ideólogos neoliberales el mercado es esencialmente privado, sin considerar las relaciones sociales que determinan los procesos de mercantilización (Long, 1994) y el papel que los referentes culturales tienen en el desarrollo del mercado como un espacio de valor social, esencialmente público. En los propios términos del capital, el mercado aparece acotado socialmente, delimitado por una economía moral, como en el caso de la fijación de los límites de la reproducción de la fuerza de trabajo o en los actos que llevaron a la supresión, impulsada por los liberales clásicos, del mercado de votos, cargos o esclavos (Starr, 1993: 29 y ss.).
La "confianza en que la búsqueda del lucro privado sirve al orden social en general nos lleva a aprobar, a la vez, la conducta egoísta y la empresa privada" (Starr, 1993: 30) y aceptar así mismo, bajo esa "ética", que la apropiación de un individuo o grupo, de los bienes que antes estaban a disposición de toda la comunidad, es socialmente correcta. Evidentemente, estos "principios" que acompañan al neoliberalismo enfrentan una normal y esperada resistencia social y cultural. Pero cuando el discurso de los nuevos liberales se monta sobre un sistema, como el nuestro, donde prima el dominio del manejo patrimonial y corrupto de los bienes y servicios en vez de una burocracia moderna (como diría Weber), entonces, este neoliberalismo criollo no solo pierde toda credibilidad, sino cualquier sustento ideológico.
Otra de las particularidades de la privatización en países como México, es que se ha vinculado el dogma del mercado, sobre todo en el medio rural y en cuanto a la naturaleza, a la reasignación de los derechos de propiedad a favor, obviamente, de la propiedad privada, dejando a un lado los incentivos a la competencia. Estas teorías de los derechos de propiedad no atribuyen ningún papel al desempeño de la democracia, por eso el grupo de Salinas se inclina por una contrarreforma agraria que impone la liberalización de la propiedad social, dejando de lado los existentes mercados de tierras y el desarrollo de la competencia y rompe en la práctica, con todo principio que permita atenuar el uso y el abuso sobre la naturaleza (Toledo, Víctor M.: 1995 y Toledo, Carlos: 1995).
Este sesgo del modelo de privatización neoliberal, que prefiere la liberalización a ultranza en vez del desarrollo de un mercado competitivo, responde, quisiéramos subrayarlo, no a un error táctico sino una opción estratégica, donde la "transición democrática", aun la que se proponen los centros de poder del capital, queda pospuesta por un tiempo y para espacios indeterminados. En tanto, la antidemocracia, el corporativismo autoritario y las prácticas clientelares y patrimonialistas han sesgado irremediablemente, como ha quedado demostrado y se documenta a lo largo de este libro, el proceso mismo de privatización.
En ese sentido puede hablarse de un desencuentro histórico entre los derechos de propiedad y las formas de apropiación del espacio que quiere imponer el neoliberalismo a través de una privatización para individuos-ciudadanos inexistentes y la forma particular en que se han ¡do construyendo los individuos en comunidad (Concheiro y Diego: 1998). Este desencuentro se hace más evidente en una privatización dominada por una racionalidad instrumental que niega la racionalidad campesina de entrada, sin distinguirla como fuente de democracia, de preceptos para una economía moral y de elementos estratégicos ligados a la autosuficiencia y soberanía alimentaria y aun como motor de la competencia en una escala fundamental, la regional y la del mercado interno.
A estos desencuentros entre la privatización y una modernidad efectiva, en México hay que sumar, el efecto ideológico que ha tenido y que seguirá teniendo cada vez mas, el que la propuesta de los gobiernos neoliberales se haya hecho sin considerar las historias y los sujetos de carne y hueso que estaban detrás de una buena parte de las empresas paraestatales. Fue abierto el desafío y el abandono del nacionalismo y el agrarismo, olvidando, esos que hacen gala del fin de la historia, que en este país no solo eran una ideología de Estado sino una construcción popular.
La tecnocracia metió en un mismo saco para ser privatizadas, empresas nacionalizadas, entidades con un propósito social y empresas que habían sido estatizadas por la incapacidad de la burguesía para mantenerlas o por el manejo que había hecho de ellas, como en el caso de la banca. Hay que recordar también, que el Estado "engordo" en unos cuantos años, a fines de los años setenta contaba con 272 paraestatales, en 1982 pasa a mil 155 (Concheiro, Elvira: 1996: 73); sin embargo, este es parte de los "debates trampa" (Kliksberg: 1989), sobre ideologizado podría decirse, que ha establecido el discurso dominante.
Las virtudes privadas han quedado en evidencia, la consigna de "privatizar al sector privado" se quedó en un simple enunciado (Kliksberg:1989), las inversiones siguen siendo mas bien especulativas, privilegiando la imagen del espejo que pertenece a la economía ficción y abandonando la economía real, el levantamiento indígena de principios de 1994, cuestiono todo el modelo económico y social del régimen, la crisis de fines de ese mismo año, demostró la inconsistencia interna del proyecto neoliberal. En un verdadero mundo al revés se ha privatizado todo, hasta las empresas eficientes como Teléfonos o la banca comercial y en el extremo, el H. Congreso del estado de Coahuila emitió un decreto para privatizar "La Forestal" F.C.L., cuando en realidad es una federación de cooperativas, cuyos dueños, los campesinos ixtleros y candelilleros, no están dispuestos a perder. Otro ejemplo extremo está en la venta de ingenios azucareros que también eran cooperativas o el de la venta de los centros de acopio que no tomó en cuenta que están construidos en terrenos ejidales y comunales y que por tanto no habría mas que transferirlos a estas entidades.

Quítate tu para ponerme yo: la privatización como política
El proyecto neoliberal como decíamos, no solo dejo de lado las necesarias transformaciones democráticas sino que utilizo los rasgos premodernos del Estado mexicano para transferir poder a una escogida oligarquía económica, como dice Elvira Concheiro en el capítulo "Crisis y nuevo poder en México: los límites de un acuerdo privatizador".
La privatización de las empresas públicas en un primer momento, se justificó como necesaria para contar con recursos para pagar la deuda externa, así como disminuir el déficit público que llegó a tener el orden del 16% del Producto Interno Bruto (PIB). En este sentido, se cuestionaba el modelo estabilizador en su conjunto, que había utilizado como base de la acumulación de capital, en la línea de la sustitución de importaciones, las inversiones públicas, la intervención directa en la economía, una política proteccionista y los subsidios estatales.
Después de una apertura comercial indiscriminada y la venta, liquidación o desaparición de empresas entre 1982 y 1988, este proceso adquiere otras dimensiones y entra en una nueva etapa, como también justamente señala Elvira Concheiro, al anunciar Carlos Salinas una profunda reforma del Estado basada en una lógica privatizadora que alcanzaría la venta de los bancos y empresas como Teléfonos de México, base para una alianza estratégica con el gran capital, para conformar una fuerza que trascendiera el periodo sexenal y para establecer las nuevas relaciones con Estados Unidos, que desembocaron en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
"Con la aplicación de una política privatizadora, que podemos llamar dura, el gobierno tomó parte directa y además dirigente del proceso de recomposición e impulso de una oligarquía económica, con lo cual, desde el poder se pudo planear, por así decirlo, una modificación de la estructura social del país" (Concheiro, Elvira, 1996: 91-92). La ingeniería privatizadora contemplo, un ritmo presuroso, declaratorias de quiebra para abaratar las empresas hasta formulas financieras que permitieron con relativas pequeñas inversiones,  que "algunos de los empresarios elegidos por el poder pudieran controlar grandes empresas" (Concheiro, Elvira, 1996:90), además de promover la entrada del capital financiero internacional.
Pero sobre todo, el establecimiento de la "banca universal" convirtió al Estado en el impulsor de nuevas estructuras oligopólicas que redundaron en el encumbramiento de un reducido grupo de poderosos conglomerados industrial-financieros, que ha modificado las formas tradicionales de dominación y los principios ideológicos que dieron sustento por décadas al poder estatal mexicano; y que en términos económicos, ha sujetado la lógica de la acumulación a medidas monetarias y a procesos abiertamente especulativos.
La creación de nuevos grupos y las alianzas con la burguesía financiera tenían, como dice Elvira Concheiro, la intención de conformar una estructura transexenal sustentada en la corrupción, los mutuos favores y complicidades. Muestra de ello son los escándalos financiero- políticos de cercanos empresarios del "salinismo" como Carlos Cabal Peniche, Jorge Lankenau y Ángel Isidoro Rodríguez.
Sin embargo, el desencuentro más evidente de la política neoliberal con la modernización, que tanto persigue, es su propio fracaso, que es cada día más evidente. La crisis de diciembre de 1994 mostró además la vinculación de las economías en una escala mundial, como plantea Guillermo Almeyda en el primer capítulo de este libro, y que los ejes de la política neoliberal, que giran alrededor de la apertura comercial y la captación de inversión extranjera, en realidad han pasado a expresar los límites y la inviabilidad de ese modelo económico. Lo más patético o tragicómico, si no fuera por la gravedad que encierra por sus efectos para la mayoría de la población, es la insistencia del actual gobierno en la misma política.

Sobre cómo cayó el chahuistle neoliberal en el campo
Desde el campo, el panorama abierto por el neoliberalismo y su política de privatización adquiere una dimensión social y política inaceptable. La característica central de este modelo, como bien señalan Carlos Cortes y Cristina Penso en su trabajo, ha sido la exclusión y con ello la extensión y multiplicación de las expresiones de pobreza, tanto material, como social. Ya no se trata de integrar a los pobres al mercado y a la estructura política ; para ellos se han diseñado programas para perpetuar su situación, limitar su explosividad política y finalmente levantar un muro de ignorancia sobre su real existencia.
Es evidente que las políticas neoliberales y la globalización han generado modificaciones esenciales en la dinámica de la sociedad rural mexicana. A la crisis económica que arranca a fines de los sesenta y se profundiza en los ochenta dadas en el marco del modelo anterior, paternalista y clientelar y de franco apoyo a los grandes productores privados, se le suma el chahuistle de las políticas de ajuste y reconversión de los noventa, donde la atención a la pobreza y el desarrollo de un mercado interno, ya no tiene un fin integrador y menos aún prioritario.
Para el México rural, el modelo neoliberal planteó diversas acciones que se pueden agrupar de la siguiente manera: a) el fomento de un libre mercado de tierras, para lo que se modificó sustancialmente la Constitución y las leyes agraria, forestal y de aguas para dar por terminado el reparto agrario, facilitar la privatización y concentración de la tierra y los recursos naturales a escalas adecuadas a las necesidades del capital; b) una reconversión del sector agropecuario forzada por las condiciones de competitividad definidas por el mercado internacional, con el objeto de producir para mercados cada vez más especializados y segmentados; c) la reforma del Estado, expresada en la reducción de la acción institucional en el campo y la liquidación o venta de organismos públicos que operaban en el ámbito del financiamiento, la producción, la comercialización y el consumo; y d) una reorientación de la acción pública en lo relativo al bienestar social, reducido en buena medida a una política asistencialista, de pobrismo oficial.
Estos grandes ejes han sido acompañados de programas e iniciativas carentes de una lógica central o de una política particular para el sector agropecuario. Asistimos así, a la irracional concentración de la actividad económica, la inversión privada y la acción estatal que han agudizado las diferencias en el desarrollo regional oponiendo las regiones entre sí y ahondando la brecha sin fondo entre la ciudad y el campo y más aún en relación a las áreas indígenas.
En varios de los capítulos se presenta un balance de las implicaciones de los cambios reseñados, entre los que destacan: una agricultura que en su conjunto está descapitalizada y una economía campesina sin perspectivas de desarrollo; una producción estancada y la pérdida en un nivel estructural de la autonomía y la autosuficiencia alimentaria; la contracción y segmentación del mercado interno, con la consabida disminución del consumo de alimentos por la mayor parte de la población; y el incremento, profundización y diversificación de la pobreza rural como una de las expresiones de la creciente polarización social.

El dogma del libre mercado, la globalización y los pecados del capital
La lógica económica que subyace en la visión privatizadora y "aperturista" actúa como una justificación para los "pecados" y aún para los crímenes que comete el Estado. El dogma del libre mercado es sólo eso, un dogma, porque en realidad dominan cada vez más los monopolios, la producción de las llamadas economías centrales está fuertemente subsidiada y las competencias desleales, los dumping y el impulso de los sustitutos de materiales y productos son el pan de todos los días. Pero también, hay que destacarlo, es en este y por este mercado internacional que la dependencia alimentaria de los países en desarrollo, parece que llegó para quedarse.
La viabilidad de la propuesta "aperturista", de la reconversión productiva guiada por el faro de la exportación, no resiste el análisis y la evaluación objetiva de cómo funcionan los mercados internacionales de las principales exportaciones e importaciones latinoamericanas. Es evidente el control de Estados Unidos sobre la producción cerealera, son públicos los subsidios a los productores de cerca del 40% de sus costos y que la sobreproducción de granos en el mundo industrializado ha generado una dependencia alimentaria en los otros países. Se asiste a guerras no declaradas; guerras de subsidios a la exportación; segmentación de los mercados; mercados oligopólicos y oligopsónicos; las competencias que no son entre ¡guales y legales (Llambi, 1993).
En el caso de los mercados de las llamadas exportaciones agrícolas no tradicionales, su alto costo, versatilidad y sofisticación, acaban estando fuera del alcance de la mayoría de los productores; la deconstrucción del Estado en el marco de la nueva división internacional del trabajo y las economías de escala y la monoproducción a la que son orillados los productores los hace más vulnerables y los pone realmente frente al peligro de desaparecer (Llambi, 1993 y 1996).
En el texto de María Tarrío y Luciano Concheiro, se analiza cómo la ideología neoliberal, cuyo principio es la liberalización de la economía y la eliminación del Estado de bienestar, ha construido un concepto como el de globalización para encubrir un sistema de dominación- subordinación, cuyos referentes emblemáticos son la propiedad privada, con el consecuente abandono de la economía moral y el comercio internacional que ubica la cuestión alimentaria en el nivel de la aldea global.
Por ello, en el estudio de las nuevas rutas del comercio, los espacios productivos y la capitalización de la naturaleza, así como los recursos biogenéticos y la biotecnología, es evidente la nueva ubicación geopolítica y económica de países como el nuestro en relación a EE.UU. y los organismos multilaterales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Es así como las políticas gubernamentales de cancelación de apoyos a los precios al productor; la eliminación de subsidios al consumidor, incluida la tortilla; programas para inducir a los productores de granos básicos a que se trasladen a cultivos rentables; la aceleración de la privatización; así como la concesión y cesión de las Almacenes Nacionales de Depósito (ANDSA) y de las Bodegas Rurales Conasupo (Boruconsa), lo que significó liberar más del 50% de la capacidad de almacenaje granelero del país; obedecían a exigencias del BID que fueron cumplidas cabalmente.
Tarrío y Concheiro confrontan la política neoliberal con las necesidades sociales y la seguridad alimentaria, tratando de vislumbrar los impactos del TLCAN sobre los productores en general; las inconsistencias del programa de subsidios directos al campo (PRO-CAMPO) y el Programa de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), al estar ligados a la corrupción, el reforzamiento del viejo aparato corporativo y su manejo electorero; y los efectos de la modernización en estados como Chiapas, que ante el levantamiento zapatista, sufre la creación de un fondo de desarrollo especial donde concurren los diversos grupos de la nueva oligarquía económica.
Pero también, la pérdida de la soberanía alimentaria, como demuestran Jubenal Rodríguez y Víctor Suárez, ésta ligada a la ausencia de una política sectorial, a la privatización de ANDSA y Boruconsa y a la incongruencia de la propuesta de apertura económica, cuando para las importaciones se rompe con las propias normas y cuotas del TLCAN al liberalizarlas por completo, sin importar el daño que se genera a los productores nacionales.

Ser más papistas que el Papa o la privatización a la mexicana
"En conjunto, el sector paraestatal representaba (en 1982) el 18.5% del PIB y daba ocupación a cerca de un millón de trabajadores" (Concheiro, Elvira, 1996:75). El resultado final de la fiebre privatizadora arrojaba, a fines de 1994, dos terceras partes eliminadas de los haberes del Estado. Entre las ventas, destacan según se puede seguir en el texto de Elvira Concheiro: Los bancos; Teléfonos de México; las acereras y metalúrgicas; las principales mineras; las dos líneas de aviación; Fertimex; empresas de comunicación (sobre todo los canales de televisión); los ingenios azucareros; Tabamex; y la principal aseguradora del país que incluía la más importante empresa del ramo en el medio rural. Sin embargo, más del 50% de lo captado por el gobierno, provino de la venta de los bancos (previamente saneados) y otro 30% por Teléfonos de México. Otro dato importante es que a su vez, el 81 % de los ingresos por las privatizaciones, según datos oficiales, se utilizó en amortizar la deuda pública y sólo un 4% en operaciones financieras en la banca de desarrollo y 3% en compra de coberturas financieras para la eventual caída del petróleo y aumentos de la tasa de interés externa.
De acuerdo con Luis Téllez (1994:212) "en 1989, el sector agropecuario contaba con 103 entidades y organismos; en 1992 cuenta con 26" y en 1998 sólo restan dos, en proceso de extinción y algunas instancias simbólicas, por sus escasos recursos, de regulación, investigación y capacitación. Entre los principales organismos liquidados figuraron: el Inmecafe y Tabamex, encargadas de apoyar, controlar y extraer el excedente económico de los productores cafetaleros y tabacaleros respectivamente; Albamex, alternativa estatal en la oferta de alimentos balanceados oligopolizados por compañías trasnacionales; Azúcar S.A., monopolio estatal para la producción y comercialización de azúcar y derivados; y la desincorporación de 49 ingenios de un total de 52. Otras empresas como Fertimex y Pronase (fertilizantes y semillas) se abrieron a la competencia y se impuso un esquema mixto de privatización, tomando en cuenta a ciertas organizaciones campesinas (De la Fuente y McKinley, 1994). De las 23 empresas de participación estatal 20 se desincorporaron y sólo restan tres empresas de participación estatal: Aserca; Instituto Nacional de Investigaciones Forestales (INIFAB); y la Comisión Nacional del Agua (CNA) (Téllez, 1994: 214).
Asimismo, disminuyeron en forma significativa las funciones de la Comisión Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) y del Banrural y de ANAGSA, cuya desaparición no fue correspondida en cobertura por AGROASEMEX, incluyendo los promovidos Fondos de Autoaseguramiento. El desmantelamiento del ineficiente "Estado interventor" se hizo en forma apresurada y sin generar alternativas que lo sustituyeran adecuadamente en el libre mercado, dejando tras cada desaparición institucional un impresionante vacío que los productores y la sociedad rural en general han tenido que ir llenando poco a poco con el consecuente costo económico y social.
La política de desregulación y desincorporación en el sector rural tuvo características propias, producto principalmente de: a) la crisis estructural del agro; b) la disputa entre el ámbito privado, con una débil presencia de sectores empresariales dinámicos y el del llamado sector social que había logrado, en una pequeña franja, un cierto nivel de desarrollo en la apropiación de los procesos productivos; c) el carácter autoritario del corporativismo agrario, la diversidad en las estructuras de poder regional y la presencia de formas cliente- lares y paternalistas, así como una burocracia particularmente patrimonialista y corrupta, aliada a fuerzas económicas "premodernas"; y d) que la gran parte de los organismos públicos adolecían de graves problemas de índole financiera y de una baja rentabilidad.
Durante el régimen de Miguel de la Madrid, se reforzó el proceso de privatización a partir de la extensión de cientos de miles de certificados de inafectabilidad para los grandes y medianos propietarios y de una perspectiva que si bien reforzaba el polo privado frente al social, contemplaba la existencia y complementariedad de los dos sectores para el desarrollo económico. Se llevaron adelante diversos proyectos, que como en el caso de los ingenios, según lo señalan Espinosa y Aurrecoechea, saneó sus finanzas y elevó su productividad; en oposición al fracaso de las famosas, en su tiempo, Asociaciones en Participación.
Con Carlos Salinas en la presidencia pueden identificarse dos etapas en la privatización: la primera marcada por el seguimiento de las directrices del Banco Mundial en cuanto al programa de pobres y al establecimiento de una concertación social institucionalizada; y una segunda etapa marcada por la abierta ruptura del pacto social y la imposición de una liberalización a ultranza.
El Pronasol, diseñado para combatir la pobreza extrema se transformó rápidamente en un programa de "pobrismo oficial" dirigido principalmente hacia el sector urbano-popular y en menor medida hacia los pobres del campo para los que se reservaron retazos de una política y acciones directamente vinculados a su utilización electoral. También, después de transcurridos poco más de los dos primeros años de gobierno de Salinas, la estrategia de concertación para la consolidación de la gestión económica campesina, fracasó ante la práctica de las privatizaciones que fueron afianzando grupos ajenos a los tradicionales en las organizaciones campesinas (Encinas, y otros: 1995) e impusieron una generalizada corrupción, desmovilizadora y por supuesto, antieconómica.
La reorganización financiera y la individualización del crédito, que tuvo su principal expresión en la reforma de Banrural, institución generalmente cuestionada por la corrupción que promueve, trajo consigo la reducción drástica del número de productores y la superficie habilitada, que pasó a ser en 1992 menos de un séptimo de la que acreditaba 10 años antes y el desplazamiento hacia Pronasol de parte de los recursos con el llamado "crédito a la palabra" para "atender" a los campesinos minifundistas. En tanto que los productores de mercado acudirían a la banca privada, apoyada a su vez por el Banco de México a través del FIRA. El resultado fue una carencia generalizada de crédito, en el "mejor" de los casos un encarecimiento del crédito y una elevación de las tasas de interés, con el crecimiento sin precedentes de las carteras vencidas y el despliegue de coyotes e intermediarios.
En el agro la privatización tuvo entre sus singularidades "la presión ejercida por el movimiento campesino más organizado", sobre todo en la fase de la "concertación" de la que un "pequeño segmento del sector social, apoyado por la corriente de funcionarios recién incorporados al gabinete que buscaban como parte de su fórmula de reforma estatal transferir el mayor número posible de entidades públicas a los productores campesinos, adquirió varias empresas, tiendas, bodegas, sistemas regionales de abasto, distribuidoras de fertilizantes, beneficios de café y otras instalaciones" (Encinas, y otros, 1995: 24).
De 1991 a 1993 cristaliza la reforma neoliberal a partir de las alianzas políticas entre el PRI y el PAN, que permiten la recomposición del presidencialismo. Con ese referente, "representantes de la vieja guardia priísta aliados con la corriente neoliberal en la burocracia política vinculada al campo desplazaron al grupo concertador al interior de la SARH. Los grandes grupos empresariales, que por lo común no encontraban condiciones favorables para invertir en el campo, respaldados por la administración salinista, adquirieron presencia renovada con la adquisición de empresas paraestatales agropecuarias. La modernización del campo y la reforma del campo y la reforma del Estado se concibieron como el fortalecimiento de la iniciativa privada. Se abandonó el intento de otorgar un papel protagónico a las organizaciones económicas campesinas" (Encinas, y otros, 1995: 31). Una de las organizaciones que más sufrió este revés fue la UNORCA que fue desplazada por la CNEC que recobró de esta manera su papel de central oficial e interlocutor privilegiado por el régimen, mediatizando así las propuestas del movimiento independiente y reforzando las estructuras corporativas.
Puede decirse que la línea empresarial campesina también fracasó en buena medida, por un contexto global adverso, generado por la apertura indiscriminada y la contrarreforma agraria "salinista", así como por cuestiones "propias", como problemas de administración, el haber recibido chatarra en vez de equipos en funcionamiento, escalas de producción que no les eran propias y la falta de recursos para mantener las empresas en operación.
Sin embargo y a pesar de los problemas que enfrentan, destacan como experiencias de empresas campesinas alternativas, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), algunas empresas y redes forestales, además de organizaciones como la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, A.C. (ANEC), con 60 mil socios campesinos. Otros esfuerzos de resistencia como el Barzón o Comagro empiezan a transformarse en propuestas y organizaciones económicas alternativas.
Desde el primero de enero de 1994, con el levantamiento "zapatista" en Chiapas y el reclamo de autonomía de los pueblos indios, es cada vez más evidente que hay un cambio de actores, demandas y estrategias campesinas y que hay posibilidades diversas al supuesto "camino único" que ha impuesto el neoliberalismo.

La privatización realmente existente en el mundo rural
Jubenal Rodríguez Maldonado y Víctor Suárez Carrera depositan en la historia las respuestas de cuál es el alcance de las privatizaciones en el medio rural, en especial de ANDSA y Boruconsa, porque consideran que estas empresas representan el tejido de las relaciones de intercambio, en especial del acopio y el almacenamiento de los granos básicos y expresan el nudo gordiano de la privatización de los mercados agrícolas.
Para esos autores, la Conasupo representa emblemáticamente: "la modernización con justicia social" por lo que la actual desaparición de casi todos los precios de garantía, la eliminación del subsidio generalizado a la tortilla, la privatización de los Almacenes Nacionales de Depósito (ANDSA), la liquidación de Bodegas Rurales Conasupo (Boruconsa) y consecuentemente la virtual desaparición de la Conasupo "matriz" tienen un efecto extremo en la pérdida de la soberanía alimentaria, de la agricultura campesina y el abasto de subsistencias populares a la vez que definen un giro de las políticas frente a la pobreza.
La Conasupo representa más que los escándalos de corrupción y robo ligados a Raúl Salinas, por ello, Rodríguez y Suárez traen a la memoria que esta empresa llegó a acopiar hasta 10 millones de toneladas de granos básicos, compró el 70% de la producción nacional de maíz y frijol o importó hasta 5 millones de toneladas anuales, por lo que subrayan, con este sistema el gobierno federal tuvo una de las mayores plataformas de presencia, servicio y operación de múltiples instituciones y programas de fomento y bienestar.
Pero la privatización de este sistema, ligada como está a la privatización de los ferrocarriles, representa a la vez, a pesar de su división en tres empresas almacenadoras regionales (Almacenadora del Sur, ALSUR; Almacenadora Centro Occidente, ACO; y Servicios de Almacenamiento del Norte, SERANOR, uno de los mayores botines, por el grado de concentración de recursos, pero sobre todo por el dominio que permite ejercer sobre el desarrollo a nivel espacial. La recomposición geográfica del capital, en la perspectiva del proceso de privatización, es quizá uno de los eslabones fundamentales en la destrucción de la economía campesina y agrícola en general y el proceso de concentración más importante del capital, por cierto de un capital no agrícola, en un eslabón especialmente sensible como es el del acopio y su papel en la fijación de los precios y el de la distribución de alimentos.
Es altamente significativo que frente a la privatización de ANDSA hubo fuertes resistencias y movilizaciones, así como una propuesta de las organizaciones económicas campesinas, para apropiarse de esta fase de la producción. Aunque, frente a ello, los nuevos grupos de la oligarquía económica, como el grupo de Ingenieros Civiles Asociados (ICA), el Grupo México, y Minsa (la segunda empresa productora de harina en el país), que han mostrado toda una estrategia geopolítica.
En el caso de los centros de acopio, en el afán de impulsar una privatización excluyente, concentradora e inequitativa, diversos funcionarios de alto rango, quisieron entregar estos centros a manos privadas y eventualmente mantener una parte de Conasupo en beneficio de ciertas camarillas burocráticas. En realidad, nos plantean en el capítulo cuarto Rodríguez y Suárez, el proceso de transferencia a los productores ha sido incompleto, está en manos de los gobernadores y al respecto son obvios los desvíos, condicionamientos e intentos de creación de entidades neocorporativas en las que se recicla a líderes de la CNC, exfuncionarios de Boruconsa y empleados de los gobiernos estatales.
Otro de los caminos de la privatización realmente existente en el mundo rural se ha concretado en una nueva agricultura de contrato que "controlada por la iniciativa privada intenta imponer nuevos criterios de eficiencia y productividad" (McKinley, 1996: 155). En caso de la empresa Tabamex, constituida en 1972 para romper el monopsonio de compra de las empresas privadas, a través del cual establecían unilateralmente el precio frente a un mar de minifundistas con una superficie promedio de poco más de dos hectáreas de tabaco, fue desincorporada y un resto intentó transformarse en un Comité Regulador y en un Instituto para la Investigación del Tabaco para "conciliación entre productores y empresas" (Téllez, 1994); en realidad el proceso redundó en el reforzamiento de las dos trasnacionales que operan en México, de las cinco que hay en un mercado totalmente monopolizado a nivel mundial.
Después de la privatización de la paraestatal Tabamex en 1990, en unos años la nueva agricultura de contrato hizo caer la superficie cultivada en cerca del 50%, compactó las superficies a su antojo, al igual que con la caña de azúcar, y estableció, sin elementos objetivos para determinarlos, precios diferenciados para siete calidades de tabaco a la vez que instituía un modelo de financiamiento que "socializa" las pérdidas, elimina el seguro agrícola y varias prestaciones de los campesinos, en un conveniente esquema de expoliación y robo a los productores, haciendo recordar la explotación de los tabacaleros en Valle Nacional por las transnacionales decimonónicas.
Daniel Villafuerte y María del Carmen García, en el capítulo séptimo, analizan la actuación del Estado en la cafeticultura y sus efectos, particularmente en el Estado de Chiapas, después de la caída de los precios en 1989, equiparables sólo al crack de 1929 y que sirve de preámbulo al establecimiento de nuevas relaciones entre el Estado y los productores minifundistas y microfundistas en una política que comprendió desde la desaparición del Instituto Mexicano del Café (Inmecafe), hasta nuevos esquemas para la producción y comercialización.
La fe ciega del gobierno mexicano en el "libre" mercado, y su firma del TLCAN, lo ha llevado a oponerse en la práctica a la coordinación con los otros países productores, favoreciendo a los países importadores y por tanto, sacrificando a los productores a nivel nacional e internacional; llegando incluso, en el colmo y contraviniendo las normas sanitarias, a permitir la importación a México de café bajo evidentes prácticas de dumping.
El Inmecafe fue liquidado y se creó el Consejo Mexicano del Café (CMC) cuyos objetivos fueron el diseño y propuesta de políticas de fomento, promoción de la productividad y la modernización tecnológica, en una estructura corporativa disfrazada de asociación civil.
En relación con los créditos, nos mencionan Villafuerte y García, se creó el Fideicomiso del Café (Fidecafe), encargado de habilitar a los productores a través de Uniones de Crédito y para los minifundistas indígenas, por medio del Instituto Nacional Indigenista-Programa Nacional de Solidaridad (INI-Pronasol). Pero también, a partir de la crisis general de 1994, ha disminuido el nivel de la inversión, a cerca de la quinta parte, de tal forma que los incrementos de los precios del café (que apenas empiezan a acercarse a los anteriores a la crisis) se han ¡do al pago de las deudas con los bancos.
La cafeticultura chiapaneca vive desde la "reconversión" neoliberal en una crisis permanente desde hace casi una década, que para algunos está en el fondo del propio levantamiento "zapatista". La desaparición de Inmecafe dejó, según plantean los autores citados, en la orfandad al 99.4% de los productores y los nuevos mecanismos de apoyo como el programa Alianza sólo son para los que se han portado bien y han pagado sus créditos permitiendo a la vez el dominio de la CNC, a pesar de que sus organizaciones también han sufrido el impacto dramático de la crisis... Pero también en la crisis se refuerza y surge un movimiento independiente y autogestionario, como el de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC) y el de otras experiencias que han buscado alternativas en mercados solidarios, en nichos de mercado y por medio de la diversificación de las fuentes de financiamiento.
Por otro lado, el sector azucarero, hasta la privatización, era hijo fiel del Estado interventor. A principios de la década de los setenta, el sector privado era el dueño del 75% de los ingenios del país, para la siguiente década los términos se invirtieron, el gobierno era dueño de las tres cuartas partes de los ingenios. En 1988 "las erogaciones fiscales para la industria azucarera alcanzaron el 25% del presupuesto asignado a toda la SARH" (Téllez, 1994: 215). En ese sentido el gobierno se plantea la privatización, como "parte de toda una nueva política económica para la industria azucarera, tendiente a liberar el mercado interno y externo para imprimirle mayor competitividad al sector" (Téllez, 1994: 215).
Los ingenios se vendieron al 27% menos de su evaluación técnica. En cómodas y siempre favorecedoras formas de pago, la industria azucarera quedó en manos de 8 grupos, donde el más importante es el Escorpión encabezado por Enrique Molina Sobrino también del consorcio refresquero Pepsico. Este grupo acaparó en menos de 2 años más del 20% de la producción nacional. "Algunas familias de abolengo en el ramo azucarero, como los Machado y los Sáenz, juntas, no alcanzan a producir los costales de azúcar que salen de las fábricas del Sugar King, y es que el nuevo monarca y su corte fueron apoyados desde arriba" (Espinosa, 1998: 9).
Sin embargo, el estudio de Gisela Espinosa y Juan Manuel Aurrecoechea demuestran que la privatización de la agroindustria azucarera si bien permitió establecer la "norma" de crear monopolios y concretamente un "Sugar King", la apertura comercial a la mexicana, la firma del TLCAN, acabó haciéndose en contra de los propios privados, que están actualmente en riesgo de quebrar y a favor de un mercado norteamericano que mantiene un sistema de cuotas y un subsidio al maíz que hace imposible competir al azúcar mexicano con la alta fructuosa de aquel producto.
Y no es cualquier cosa que un sector del que dependen más de 2 millones de mexicanos, que después del maíz, es el cultivo que genera más ingresos en el campo y que constituye la agroindustria que representa el 3.5% de la rama de alimentos, bebidas y tabacos, esté en crisis (Espinosa, 1998: 1 y 3). De esta terrible historia de desencuentros de la privatización en el campo trata también el trabajo de Espinosa y Aurrecoechea en el plano de un ingenio, el Emiliano Zapata y de una región, la que se integra alrededor de Zacatepec, Morelos; pero sobre todo del desempleo que la acción privatizadora trajo consigo y los saldos de una vía de desarrollo que profundizó las desigualdades sociales, que degradó el ambiente, corrompió la política y la vida social.
Básicamente dan cuenta de la historia de los que hicieron posible la empresa azucarera y los porqués de su debilitada resistencia ante el embate neoliberal, el corporativismo, la imposición, las amenazas, la represión. Pero también plantean a su vez, las tendencias y los retos, las perspectivas posibles, especialmente, desde los trabajadores.

La privatización de la madrecita tierra
Finalmente, la política neoliberal en el campo toca lo más profundo de este mundo, la reasignación de los derechos de propiedad, la privatización de la madrecita tierra.
Al respecto, en primer término, Guillermo Almeyda realiza un análisis de la situación de la tenencia de la tierra en América Latina y lo ubica en un proceso mundial, en una estrategia para el conjunto de nuestros países, resumida en la llamada globalización. Para este autor, la mayor parte de la tierra está en manos privadas en latinoamericano, pero importantes sectores que mantenían una propiedad comunitaria y los que habían sido tocados por las reforma agrarias de la primera mitad o comienzos de la segunda mitad de este siglo, están siendo sometidos a la presión privatizadora, para la que se empezó por eliminar los obstáculos jurídicos y posteriormente, se han concedido las tierras a empresas transnacionales y grandes empresas, con modelos de gran escala e impulso de la agricultura de contrato.
Sin embargo, Almeyda plantea en este proceso de escala mundial especificidades producto de contratendencias generadas por las fuerzas sociales y los propios factores histórico-culturales.
En una perspectiva nacional, Roberto Diego y Luciano Concheiro plantean que los intentos por privatizar la tierra no es sólo una cuestión determinada por el reforzamiento del poder económico de la gran burguesía, sino de un compromiso que les abrió las puertas del poder político, de la influencia privada directa en los asuntos del Estado, hecho que sólo tiene precedente en las reformas decimonónicas sobre la desamortización (Castañeda, 1997).
A pesar de que uno de los contenidos básicos de la gesta revolucionaria fue la demanda de tierra, detrás de ello, los pueblos indios y campesinos planteaban recuperar el territorio y con ello una identidad. No obstante, la revolución hecha gobierno fue igual de liberal, y a pesar del interregno "cardenista", se impusieron paso a paso los llamados gobiernos de la contrarreforma agraria y su máxima expresión, el régimen de Carlos Salinas, favoreciendo un modelo de propiedad privada a través de prácticas realmente premodernas, la compulsión extraeconómica como principio, junto con el clientelismo, el paternalismo y el manejo patrimonial de los recursos del Estado.
La incapacidad para comprender el México profundo y establecer una modernidad alternativa, llevó a los neoliberales a plantearse una segunda desamortización que redundaría en la apertura del mercado de tierras del sector social y concretamente en la privatización de los ejidos y comunidades (Castañeda, 1993a, 1993b y 1994). Sin embargo, para Diego y Concheiro la política neoliberal vive, al igual que los liberales [del] XIX pero ahora trágicamente, un fracaso, que puede medirse en que alrededor del 40% de las propias tierras privadas no están regularizadas; que la inversión privada y sobre todo extranjera no ha llegado en los montos ni con el ritmo necesario; que la especulación y las compraventas de tierras están acotadas a ciertas áreas del país y lejos de ser un fenómeno generalizado son la excepción que confirma la regla de que la tierra es algo más, mucho más, que una mercancía; y que el minifundismo, tanto privado como en el sector social, ha avanzado al calor de la privatización.
En una espacialidad distinta, la llamada "rur-urbana" producente para algunos (Llambi, 1996) de una "nueva ruralidad", Beatriz Canabal estudia la relación que existe entre la expansión urbana y la privatización en el caso del entorno rural de la ciudad de México. La autora reseña el crecimiento de esta urbe sobre espacios ocupados por los pueblos antiguos y los campesinos modernos y cómo este proceso alteró las identidades mismas y por supuesto su paisaje, degradando sus formas de vida e impuso a la naturaleza, con la pérdida del 80% de los bosques y el 99% de sus lagos, un profundo desequilibrio ambiental.
Sin embargo, la zona rural y protegida abarca el 37% del total de la superficie del Distrito Federal. Frente a ese botín, el régimen de Carlos Salinas utilizó la eufemísticamente denominada regularización y los decretos de expropiación, como acciones coercitivas sobre situaciones de hecho, para introducir predios en el mercado de tierras legal privado que es altamente especulativo y segregacionista de aquellos que no tienen capacidad de compra. Canabal sigue en su texto dos procesos de privatización que desnudan los proyectos sociales y de Estado en confrontación, los que luchan por conservar espacios tradicionales e históricos importantes para los campesinos y la propia ciudad en términos ambientales y el modernizador que pretende incorporar los ejidos al mercado de tierras urbano en un área de alto valor catastral.

Al final, sólo queda el desencuentro
Quisiéramos recordar para finalizar, que está abierto un profundo desencuentro histórico entre la construcción social del mercado y una privatización a contrapelo, tanto de la dimensión estatal nacional, como en el ámbito de lo regional y lo local.
Desencuentro con una privatización que vino ayuna de democracia y se plantó frente a una sociedad cada vez más participativa, que desde el mundo rural pone en cuestión la ingeniería misma del Estado- nación.
Pero si de saldos positivos del neoliberalismo podemos hablar, será por las construcciones que aunque incipientes son alternativas no sólo al modelo económico dominante sino que van siendo base para planteamientos de una modernidad distinta. La privatización impuesta desde arriba queda también atrapada por su discurso y deja espacios que son tomados por poderes diversos al poder político y que tienen sus voces en los pueblos indios luchando por su autonomía, asociaciones civiles que coadyuvan en devolver su fuerza a las "instituciones del pueblo", aquellas que generan y mantienen valores y se conducen con dignidad.